El Pleno del Parlamento andaluz aprobó este miércoles, con los votos a favor de PP-A y Vox, y el rechazo del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, los proyectos de ley para el reconocimiento de dos nuevas universidades privadas en Andalucía; en concreto, la universidad CEU Fernando III y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed).
Dichos proyectos de ley han superado así este miércoles su debate final en el Pleno del Parlamento, que se ha sustanciado de forma conjunta, aunque con votaciones por separado en las que se ha repetido el resultado de las de sus respectivos dictámenes en comisión parlamentaria de la semana pasada.
Sendos dictámenes incorporaron tres enmiendas del Grupo Popular presentadas a cada uno de dichos proyectos de ley, donde se recoge que, para que la Junta autorice el «inicio de actividades» de cada una de estas nuevas universidades privadas, «previamente se comprobará que se han cumplido todos los requisitos señalados en la normativa universitaria».
Rechazo de los rectores de las universidades públicas
Los rectores de las universidades públicas andaluzas han expresado este miércoles en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) su «oposición expresa» a la tramitación de dos nuevas universidades privadas en la comunidad, la Europea de Andalucía y la Alfonso X Mare Nostrum, ambas con implantación prevista en Málaga capital. Lo han hecho a través del siguiente comunicado:
«En el día de hoy, la rectora y rectores andaluces hemos participado en el Pleno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), en el que hemos sido informados por parte del Consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la inclusión de la subida salarial retroactiva del 0,5% en la financiación final del año 2023. El nuevo modelo de financiación, recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno, prevé en su cláusula de salvaguarda este tipo de subidas, y por ello agradecemos al Consejero su inmediata puesta en marcha en el presente ejercicio económico.
Por otro lado, en el CAU se ha analizado la solicitud de reconocimiento de dos nuevas universidades privadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta solicitud coincide con la aprobación, también en el día de hoy, en el Parlamento Andaluz, de sendos proyectos de ley para la creación de las universidades privadas CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico-Mediterránea (UTAMED), y ante todo ello, deseamos hacer las siguientes consideraciones:
A tenor de la documentación presentada, las universidades públicas de Andalucía informan desfavorablemente las dos nuevas propuestas planteadas al Pleno del Consejo Andaluz de Universidades de reconocimiento de las universidades Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y Universidad Europea de Andalucía, por incurrir ambas en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, así como por no disponer dichas universidades de informes plenamente positivos en lo que a su calidad se refiere, especialmente en lo referente a su proyecto investigador, que presenta notables debilidades en ambos casos. De hecho, las universidades públicas andaluzas enviaron a la Consejería con competencia en universidades un pliego de alegaciones donde se daba fundamentación detallada a estos argumentos.
La propuesta de implantación de estas dos nuevas universidades privadas, que vendría a sumarse a las dos que recibirán hoy luz verde, adolece de una estrategia universitaria que hemos reclamado a la Junta de Andalucía en reiteradas ocasiones. Las Universidades públicas de Andalucía estamos convencidas de que, por el bien del sistema de enseñanza superior de nuestra Comunidad Autónoma, resulta esencial consensuar una estrategia universitaria que nos permita abordar el proceso de forma racional, ordenada, coherente y siempre respondiendo a las necesidades y demandas de la sociedad. En definitiva, un desarrollo estratégico que permita al sistema caminar hacia un mapa de titulaciones de forma que resulte en una oferta universitaria coherente, pertinente y bien articulada que satisfaga las necesidades formativas de la ciudadanía andaluza y española.
Uno de los argumentos que suele emplearse para justificar la implantación de universidades privadas en un determinado territorio -algo completamente legal que, desde las Universidades Públicas Andaluzas, obviamente, no discutimos- es el de fomentar la competencia, en el entendimiento de que será positiva para que las universidades públicas presten mejor su servicio público. Ahora bien, defendemos que sólo puede competirse en condiciones de igualdad, esto es, con las mismas reglas de juego, ya que en caso contrario la presunta competencia brillará por su ausencia. Y aquí reside uno de los problemas básicos: las distintas reglas y normas que se aplican a unos y otros en cuestiones tan básicas como los requisitos para implementar títulos.
Por tanto, reiteramos, como se ha venido haciendo en diversos comunicados, nuestra convicción de que cualquier incorporación de una nueva universidad al sistema universitario andaluz, o cualquier ampliación de la oferta de titulaciones en las ya existentes, debe pasar siempre por la exigencia a estas instituciones de los mismos estrictos requisitos de calidad que se demandan a las universidades públicas andaluzas, tanto en el ámbito de la formación académica, como también en el de la implantación y desarrollo de políticas de investigación y transferencia del conocimiento, que deben estar suficientemente acreditadas, así como en el de la puesta en marcha de programas de responsabilidad social, siendo obligación ineludible de las autoridades competentes y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) velar por el cumplimiento de estos requisitos desde el momento de su creación y durante todo el desarrollo de sus actividades, de la misma manera que lo hace con las universidades públicas de esta comunidad autónoma. Solo con estas condiciones las universidades públicas andaluzas podrán continuar siendo una fuente de innovación y progreso para sus respectivos territorios y el principal agente de ascenso social y bienestar de la ciudadanía».
