Baltasar Garzón Real nació el 26 de octubre de 1955 en la localidad jiennense de Torres. Baltasar Garzón se licenció en Derecho por la Universidad de la capital andaluza en el año 1979.
En febrero de 1988, llegó como titular al Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional.
En mayo de 1993, quedó en situación de servicios especiales en la carrera judicial, al presentarse como independiente en las listas del PSOE a las elecciones legislativas de ese año y obtener el acta de Diputado al Congreso por Madrid.
En Julio de 1993, fue nombrado Secretario de Estado-Delegado del Gobierno, para el Plan Nacional Sobre Drogas.
El 16 de Mayo de 1994, tras dimitir del cargo de Secretario de Estado y renunciar al acta de diputado, se reincorporó a su puesto como magistrado en el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional.
En 2010 a causa de la apertura del juicio oral llamado de la Memoria Histórica, fue suspendido en sus funciones.
Desde 2019, es miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) del Grupo de Puebla.
El ahora miembro del CLAJUD, se pronuncia ante la importuna sentencia del Tribunal Constitucional frente a la actuación del Gobierno en la pandemia, diciendo así, que lo que hizo este declarando el estado de alarma fue inconstitucional.
“En otras épocas, las epidemias y enfermedades incomprensibles estaban en manos de brujos, curanderos y en última instancia de clérigos que, a través del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Hoy el relevo me temo que lo han tomado los jueces, quienes parece que saben mejor que nadie las acciones que tendrían que haberse emprendido para restringir los derechos fundamentales y acabar con la pandemia. Así, un año y medio después, cuando ya está la mitad de España vacunada y lo peor ha pasado, el Tribunal Constitucional se digna decirle al Gobierno que lo que hizo fue inconstitucional.
Creo que vergüenza es una palabra fuerte, pero no se me ocurre otro calificativo mejor para describir la situación actual. Vergüenza de lo mezquino de los políticos de derecha y extrema derecha. Vergüenza de que nuestro Tribunal Constitucional no esté al nivel de sus pares europeos.
Ahora bien, si entramos al fondo de lo que «habría decidido» el Constitucional. Lo menos que se habría dicho de Pedro Sánchez sería que actuaba como un dictador.
Es curioso que el guardián de nuestras libertades y derechos como es el Tribunal Constitucional, otrora caracterizado por el buen criterio y la ponderación, hoy se decante por un mecanismo que prácticamente permite barra libre para que la autoridad gubernativa detenga a cualquier persona si lo considera necesario.
La afirmación de que al tribunal le ha faltado sentido de Estado en este caso, como aseveró la ministra de Defensa, es cierta. Sentido de Estado y sentido de realidad, añado yo.
El Derecho sirve para formalizar un cauce de convivencia establecido previamente por la sociedad. La Constitución es el acuerdo común para dejar negro sobre blanco esos acuerdos de convivencia que hemos decidido entre todos. Los jueces nos debemos a las y los ciudadanos que deben poder confiar en que velamos por sus derechos y libertades. Lo demás sobra.”
El ex-magistrado afirma, cual es el poder de la justicia y cómo los jueces deben servir tanto a la justicia como a los intereses de la ciudadania, sin enfocarse en los ideales políticos.
“La confianza y el respeto hacia los jueces son elementos imprescindibles para garantizar que el sistema jurisdiccional sea eficaz. La toga, las puñetas, el juramento o promesa ante la Biblia o la Constitución no son suficientes para garantizar la legitimidad en el ejercicio del cargo. Algo no funciona bien en los órganos colegiados del poder judicial cuando las decisiones inapelables provocan incomprensión y son incapaces de convencernos de que con ella se ha corregido una injusticia.
Los jueces deben servir los intereses de la justicia y de la ciudadanía, no los coincidentes con el partido político que los ha promovido al cargo.
De manera inconstitucional, el PP se ha mantenido en su negativa a renovar el órgano de gobierno del poder judicial alegando diferentes motivos y, a mi parecer, camuflando con excusas y negativas los dos principales asuntos.
El PP denota una desfachatez monumental o quizás no tanto y todo responda a la misma estrategia.
El sistema actual de nombramientos por vía parlamentaria me parece correcto, al gozar de legitimidad democrática, pero lo que resulta inaceptable es que la elección de los magistrados del Tribunal Supremo obedezca a intereses partidistas. La posibilidad de que solo los jueces elijan a los jueces para gobernarse no es sensata porque se sustituiría la supeditación a la voluntad general representada en el Parlamento por la dependencia gremial y endogámica. La justicia reside en el pueblo, no en los jueces que son simples administradores de esta. No debemos olvidarlo nunca. La sociedad debería tener la posibilidad de aportar su opinión sobre los candidatos a desempeñar la labor de gobierno de los jueces y magistrados, para el mejor fin de aplicarlo con eficacia, eficiencia, transparencia e independencia.”
Según escribe Baltasar Garzón para infolibre.es .
