Un año para cobrar el Ingreso Mínimo Vital

Hace ya unos años, tuve el privilegio de ser ponente del Proyecto de Ley por la que se establecía el Ingreso Mínimo Vital (procedente del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo) una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas, vivan solas o estén integradas en una unidad de convivencia, y carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Una prestación cuyo objetivo es operar como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una participación plena en nuestra sociedad.

El IMV se diseñó como una prestación de ámbito estatal para establecer un suelo de protección común en toda España, debido principalmente a las diferencias económicas y de nivel de protección, que tenían establecidas las Comunidades Autónomas en sus respectivas Rentas Mínimas.

En mi intervención enfaticé que resultaba lamentable que algunas CCAA, por ejemplo Andalucía, tardaran más de dos años en resolver una prestación no contributiva, la renta mínima de inserción social o la prestación para la atención a las personas en situación de dependencia.

Estas prestaciones, contempladas en la Ley, establecen un plazo máximo de resolución. Las pensiones no contributivas deben resolverse en 3 meses, la renta mínima de inserción social de Andalucía en un plazo de 2 meses y la prestación de la dependencia antes de los 3 meses desde la solicitud.

Y resulta lamentable que se tarde 2 años en resolver estas prestaciones cuando son ayudas dirigidas a personas en riesgo de exclusión social, personas vulnerables económicamente o personas que requieren o necesitan la ayuda de una persona para realizar las tareas más elementales.

Y al igual que antes me quejaba de dicho retraso, me parece justo que, en estos momentos, lamente el retraso que llevan las resoluciones del Ingreso Mínimo Vital. Según Ley, la resolución de dicha prestación debería producirse antes de los 6 meses desde la solicitud (un plazo demasiado largo a mi parecer), sin embargo, en la actualidad la prestación tarda en reconocerse en torno a un año.

El momento de entrada en vigor del IMV fue un momento muy complicado, ya que se puso en marcha en un contexto de exigencia y necesidad extrema, a consecuencia de la pandemia sanitaria de la COVID-19, y además con unos servicios públicos prácticamente paralizados. Se le encargó la gestión del IMV al Instituto Nacional de la Seguridad Social, una entidad gestora con amplio despliegue territorial, pero seriamente afectada en su plantilla, debido principalmente a los varios años con tasa de reposición cero impuesta por el Partido Popular -tasa de reposición cero, significa que por cada funcionario que se jubilaba, no se cubría dicha vacante-.

Este recorte del PP supuso que la plantilla de la Seguridad Social se redujera en más de 7.000 empleados en menos de una década y que la edad media de sus empleados superase los 55 años. Una patata caliente que el gobierno progresista intenta revertir a marchas forzadas, convocando año tras año la mayor oferta pública de empleo, con la finalidad de dotar la plantilla de la administración con capacidad de satisfacer las demandas de la sociedad.

Cuando se debilitan los servicios públicos se provocan serias consecuencias –que tienen efectos inmediatos o posteriores- en la calidad que prestan nuestras administraciones.

Otro aspecto polémico son las regularizaciones del IMV. Una prestación que se revisa anualmente y que ocasiona, en algunos casos, cobros indebidos -cantidades a devolver- muy elevados (he visto cobros indebidos de hasta 8.000€). Estas actuaciones hacen que, a algunas familias, en lugar ayudarles a salir de la exclusión, les caiga una losa encima incapaz de levantar.

Como he dicho esta prestación surgió en un momento político y social muy convulso, pero pasado un tiempo desde su aplicación, considero que necesita varios ajustes, no sólo en el aspecto regulativo sino también en su plena aplicación. Es necesario que las CCAA desplieguen las políticas activas de empleo que van ligadas a la concesión de esta ayuda. Es fundamental que los beneficiarios del IMV realicen acciones que les ayuden a su plena inclusión en el ámbito laboral.