2025. Un año caracterizado principalmente por un escenario complejo que refleja tensiones profundas en el sistema político y social.
El año político en España en 2025 cierra marcado por una sucesión de contradicciones sobre la DANA, controversias por corrupción, auge del franquismo y un intenso debate sobre el rumbo económico del país.
DANA: MENTIRAS E INCERTIDUMBRE.
A pesar de ser un suceso de 2024, sigue en auge debido a las declaraciones sobre las versiones del día que ocurrió la DANA. Destacan las cuatro contradicciones entre el testimonio del dueño del Ventorro y lo que contaron Mazón y Vilaplana: las llamadas, el ordenador y el jersey.
En torno a las 13.00h de la tarde, Mazón llevaba traje y corbata. Siete horas después llega al CECOPI vestido diferente: llevaba puesto el famoso jersey. El dueño del ventorro afirma que salió del ventorro con la chaqueta, es decir, niega que se cambiara allí de ropa. ¿Dónde se cambió entonces? ¿En el parking? ¿En el Palau? Según Villaplana, se cambió el suéter en el Ventorro. Posteriormente, Mazon negó a Gabriel Rufián cambiarse de ropa, sino que “cuando tiene frío se pone un jersey”. A esto, Rufián, le cuestionó si siempre lleva un jersey encima.
En la segunda contrariedad, Vilaplana desmiente haber escuchado las llamadas telefónicas de Mazón. No obstante, el dueño del Ventorro afirma que es imposible que no las haya podido escuchar debido a que la sala privada en la que estuvieron comiendo es un comedor pequeño.
La tercera discordancia reside en el portátil. Vilaplana asegura haber sacado el ordenador y estar trabajando allí. Sin embargo, el dueño no recuerda ver un portátil a Maribel .
En la cuarta y última contradicción, Vilaplana asegura que fue la primera vez que iba a El Ventorro, mientras que el dueño afirma que había ido previamente en varias ocasiones.
Además, el dueño confirma que la comida finaliza a las 17.00h . No se fueron más tarde de las 19.00h ni antes de las 18.25h y añade que nunca vio preocupado a Mazón. La decisión de la jueza tras escuchar el testimonio ha sido la siguiente: citar a declarar al chofer y a los escoltas de Carlos Mazón.
Asimismo, Mariano Rajoy indigna las redes sociales tras decir de manera pública que Mazón dimitió, “ya reconoció sus errores” y preguntó a las víctimas de la DANA “qué más quieren”. Ante esta interrogación, numerosas personas en redes han respondido lo que verdaderamente quieren: verdad, reparación y justicia.
ASCENSO DEL FRANQUISMO Y POLÍTICAS DE ODIO.
En los últimos años se ha intensificado el debate público sobre el resurgir de discursos vinculados al franquismo, especialmente acompañados de determinados sectores de la extrema derecha como Opus Dei, Hazte Oír o Vox.
De acorde a una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) este mismo año, mostraba que más de 1/5 españoles (el 21,3%) consideraba que la época de Franco fue «buena» o «muy buena» para el país, frente al 11,2% que respondió lo mismo a una pregunta similar en 2000.
En otra encuesta del CIS de julio de 2025, el 17,3% de los españoles de entre 18 y 24 años dijo preferir un Gobierno autoritario a uno democrático, lo que supone un aumento de 10 puntos desde 2009.
Organismos de derechos humanos y diversos profesionales han alertado de la problemática acerca del blanqueamiento de la dictadura y del cuestionamiento de consensos democráticos básicos.
Auge de VOX
La ultraderecha de Vox ha duplicado prácticamente su intención de voto desde el año 2023.
La intención de voto para Vox subió a un récord del 18,9% en julio de este año, mientras que las encuestas del CIS también muestran que el respaldo de Vox entre los jóvenes aumentó de un dígito bajo en 2019 a un apoyo de dos dígitos, especialmente entre los hombres.
Este fenómeno ha venido acompañado de un aumento de discursos de odio, dirigidos principalmente contra los derechos humanos. La utilización de estos mensajes como herramienta de movilización política ha generado preocupación en amplios sectores sociales, que advierten de un deterioro del clima de convivencia y del debate democrático.
CORRUPCIÓN
La corrupción ha vuelto a ocupar titulares y a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones. Diversos casos, de distinto signo político, han protagonizado la agenda mediática:
El nombre de Víctor de Aldama ha aparecido vinculado a investigaciones judiciales relacionadas con presuntas tramas de intermediación y contratos públicos, en un caso aún en fase de instrucción.
El exministro José Luis Ábalos ha sido objeto de controversia política y mediática por su relación con personas investigadas, aunque él ha negado irregularidades y no ha sido condenado.
Santos Cerdán, dirigente del PSOE, ha sido mencionado en debates públicos por su papel orgánico en el partido, en un contexto de críticas de la oposición, sin que existan causas judiciales abiertas en su contra.
El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido investigado por la Agencia Tributaria por presuntos delitos fiscales, un asunto que ha derivado en un fuerte enfrentamiento político entre los gobiernos autonómico y central.
Asimismo, Vox ha sido sancionado por el Tribunal de Cuentas por irregularidades en su financiación, reavivando el debate sobre la transparencia de los partidos y el control del dinero público.
Estos episodios han reforzado la percepción de una crisis de credibilidad institucional, utilizada a menudo como arma política en un contexto de confrontación permanente.
POLÍTICAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO
En el ámbito económico, el Gobierno ha defendido una agenda centrada en el refuerzo del Estado del bienestar.
Uno de los principales hitos ha sido el nuevo aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en los últimos años ha experimentado una subida acumulada significativa. El gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir la precariedad laboral y a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, mientras que sectores empresariales alertan de su impacto en pequeñas empresas y empleo.
En paralelo, se ha mantenido la revalorización de las pensiones conforme al IPC y para 2026 se fija en un 2,7% para las pensiones contributivas, basado en el IPC medio interanual (diciembre 2024-noviembre 2025), garantizando que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Esta política ha sido ampliamente respaldada por organizaciones de mayores, aunque continúa el debate sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Un cierre de año marcado por la incertidumbre
El año termina, en definitiva, con una sociedad dividida, instituciones bajo presión y una economía que sigue siendo el eje central de la disputa política. El reto para el próximo año será rebajar la confrontación, reforzar la confianza democrática y traducir las políticas públicas en mejoras tangibles para la ciudadanía.
