Hace apenas 24 horas que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, así como sus antecesores, Diego Agustín Vargas y Miguel Ángel Guzmán, en el marco de las diligencias abiertas a raíz de una denuncia del PSOE de Andalucía sobre la contratación de emergencia de ese organismo entre los ejercicios 2021 y 2023, y las primeras reacciones no se han hecho esperar.
En este sentido, Adelante Andalucía ha reclamado «una comparecencia extraordinaria» del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Pleno del Parlamento para que explique «cómo han estado derivando cientos de millones de euros de la sanidad pública a la sanidad privada a dedo, saltándose la normativa con una normativa derogada».
Su portavoz, José Ignacio García, ha explicado que si el mismo jueves, cuando transcendió esa citación judicial de los gestores del SAS en distintas etapas, pidieron la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, «hoy decimos otra cosa» para aludir entonces a esa «comparecencia extraordinaria del señor Bonilla explicando esto».
«Tiene que haber dimisiones y queremos explicaciones en el Parlamento, un pleno extraordinario», se ha reafirmado en ese sentido.
García ha asegurado que «nos gusta tener que hablar de corrupción en Andalucía, pero estamos obligados» tras argumentar que «lo que está pasando pasa de castaño oscuro» dentro de lo que ha denominado «las tramas de corrupción del Partido Popular en el Servicio Andaluz de Salud».
Se ha preguntado por las veces que «el Partido Popular, el señor Bonilla, dijo en el Parlamento que no hay nadie imputado, no hay nada», para esgrimir entonces que «ya hay tres imputados, los máximos responsables de la sanidad pública están imputados».
Ha recordado argumentos del Gobierno andaluz, como que «ellos dijeron que dejaron de contratar con esas empresas mediante ese método ilegal en marzo de 2023 y ayer descubrimos que era mentira y que han estado contratando a dedo con esas empresas de sanidad privada hasta este verano, hasta el verano de 2024», y ha concluido que la cifra final de contratación «asciende ya a 300 millones de euros esta trama del Servicio Andaluz de Salud».
«¿Qué más tiene que pasar aquí?», se ha preguntado José Ignacio García, quien ha blandido como paradoja que «todos los máximos responsables de la sanidad pública en Andalucía, todos los consejeros, siguen en puestos públicos de máxima representación», entre ellas, la entonces consejera de Salud, hoy de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, por lo que ha concluido «si es que nos están tomando el pelo».
García ha apelado a que se ha elevado el grado de implicación de responsables públicos en la contratación de emergencia sanitaria de la Junta de Andalucía, de manera que se ha llegado a «la imputación de la gerente del Servicio Andaluz de Salud», que «tiene que ir a un juzgado a prestar declaración en calidad de imputada por un delito de prevaricación con el dinero público».
Ha señalado las circunstancias de esa contratación sanitaria, con «243 millones de euros que destinaban a empresas de sanidad privada, saltándose la normativa, con una normativa ya derogada, a dedo, sin concurrencia competitiva», para enmarcar en ese entorno que «ya está imputada ella (la gerente del SAS) y los dos anteriores gerentes».
José Ignacio García ha recordado sobre uno de los exresponsables del SAS, Miguel Ángel Guzmán, que «fue aquel señor que, después de dar decenas de millones a Asisa, cesa de gerente y pretende colocarse como directivo de Asisa», para recordar seguidamente que aquel fichaje se frustró «porque la oposición montamos el pitote y los medios de comunicación lo denunciaron» en un caso que ha calificado de «puerta giratoria evidente».
El portavoz de Adelante ha recriminado al Gobierno andaluz una contratación sanitaria que ha considerado «la están utilizando para que se forren unos listos, para que se forre Asisa, para que se forre Quirón, para que se forre Viamed, para que se forren las empresas privadas de sanidad», mientras que ha remarcado que «Asisa, la empresa que más dinero se ha llevado de esta contratación presuntamente ilegal y que está siendo investigada, es la misma que quiso contratar como directivo al gerente que le había dado decenas de millones de euros y que organizó cuatro actos de campaña del Partido Popular en el año 2023».
«Esto es blanco y en botella. Esto es un descaro», ha aseverado.
