Un total de 379.216 andaluces han recibido durante el primer semestre del año el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la comunidad, de los que 215.667 eran adultos y 163.549 menores. También, durante dicho período, 1.612.593 pensionistas se han beneficiado de la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) en 2022 y 496.391 empleados públicos han disfrutado de un incremento retributivo del 2%.
«Todas estas medidas han sido implementadas por el Gobierno de España para la protección social de una amplia mayoría y así poder avanzar en el compromiso adquirido con la ciudadanía desde hace dos años y medio», ha subrayado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en una nota de prensa remitida este sábado por la Delegación.
Fernández ha hecho también mención a los 43.899 beneficiarios del complemento de maternidad y del destinado a reducir la brecha de género en las pensiones, así como a las 330.614 personas que han recibido un total de 6.946,7 toneladas de alimentos en la primera fase del Programa 2022 de Ayuda Alimentaria a las Personas más Desfavorecidas.
«Este Gobierno tiene muy claro que el máximo apoyo debe ir dirigido hacia los más vulnerables y a la clase media trabajadora, porque no todos cuentan con las herramientas necesarias para avanzar en igualdad de condiciones», ha aseverado el delegado. Otro pilar al que se ha referido es la lucha contra la violencia de género, para lo que se destina a Andalucía 15,1 millones de euros en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En concreto, se destinan 1,3 millones para desarrollar programas de asistencia social a víctimas de violencia de género y atención de menores, mejorar la coordinación, elaborar planes personalizados y dar apoyo a víctimas de agresiones sexuales, así como otros 6,9 millones para el desarrollo del Plan ‘España te protege’ para la creación de los Centros de Atención Integral 24 horas a víctimas de violencia sexual.
En esta línea, Pedro Fernández ha aclarado que «el Gobierno no se limita al respaldo económico, sino que continúa trabajando en el avance legislativo para la consolidación de medidas legales que afiancen la igualdad de género» y se ha referido a la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados y lista para su publicación en el BOE y entrada en vigor.
«La norma ya define en su primer artículo su objetivo de garantizar una protección integral del derecho de la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales porque en un país con una democracia consolidada, plena y avanzada no son permisibles conductas que establezcan diferencias entre hombres y mujeres», ha puntualizado.
