La Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía reclama que la Estrategia Andaluza de Administración Digital que acaba de aprobar la Junta de Andalucía “tenga en cuenta las necesidades de las personas mayores y no deje atrás a este colectivo”, al tiempo que ha exigido que la Administración autonómica actualice la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los centros de su titularidad que atienden a este colectivo (centros de Participación Activa (CPA) y residencias).
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores que se celebra mañana 1 de octubre, el presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A José Manuel Dorado, ha advertido que desde el sindicato “estaremos muy atentos a que la estrategia digital sea de aplicación a todos los andaluces, independientemente de su edad”.
En este sentido, Dorado ha indicado que teniendo en cuenta que «en la mayoría de los casos la población mayor no está muy familiarizada con las nuevas tecnologías y presenta más dificultades para adaptarse a nuevos procesos, la Administración haga hincapié en este colectivo para que reciban la atención que merecen y puedan acceder a todos los servicios de forma ágil como persigue la nueva medida y no se quede en el furgón de cola como suele ocurrir en otros muchos asuntos”.
El responsable sindical ha manifestado que es “urgente dotar de más personal a dichos centros que en la actualidad están infradotados, lo que repercute muy negativamente en la atención que requiere este colectivos de personas”.
Dorado ha calificado de “desfasada y desactualizada” la RPT vigente, y reitera las carencias estructurales de las plantillas de estos centros que generan, a juicio de CSIF, un empeoramiento en el trato personalizado que requieren los residentes, “quienes sufren una deshumanización manifiesta”.
El sector de AGJA de la central sindical considera que hay asuntos como la ampliación de personal que no pueden seguir esperando, pues “estamos hablando de una adecuada atención a nuestros mayores para que tengan un envejecimiento digno, garantizándoles para ello todos los servicios adecuados y necesarios”.
Además, desde el sindicato recuerdan que las vacantes que se generan por jubilaciones no se cubren y las sustituciones por enfermedad son muy lentas en su tramitación, lo que provoca que las plazas se doten “cuando la persona que estaba de baja ya esté incorporada de nuevo a su puesto de trabajo”.
Ambas situaciones están provocando, según advierte Dorado, “una sobrecarga importante en el resto de los trabajadores de los centros que, además, se ven obligados a desarrollar tareas que no les corresponden con su categoría profesional”.
Esta situación provoca el aumento del número de bajas por incapacidad temporal por el sobreesfuerzo continuado tanto a nivel físico como mental del personal”.
El presidente del sector AGJA ha explicado que las mermadas plantillas en los CPA, formadas en su mayoría sólo por la dirección y los ordenanzas, así como los amplios horarios de apertura y el elevado número de socios, hace que los trabajadores realicen jornadas y turnos, en muchos casos no retribuidos y que tengan grandes dificultades para el disfrute de un fin de semana o días de vacaciones.
Esta falta de personal contrasta con el compromiso que muestran los trabajadores tanto de los CPA como de las residencias de mayores de gestión pública quienes realizan “jornadas maratonianas, amplían sus horas sin ser reconocidas y desarrollan tareas sin ser de su competencia, sin olvidar que atienden a un gran volumen de personas con una esperanza de vida cada vez más elevada, lo que exige una mayor dedicación”.
El sector de AGJA ha exigido la puesta en marcha de la Bolsa Única Común puesto que, a su juicio, “vendría a paliar en gran medida la demora en las contrataciones” en residencias de mayores y CPA.
En este sentido, desde CSIF no se entiende por qué Función Pública aún no ha publicado dicha Bolsa, puesto que en la comisión de convenio extraordinaria celebrada el pasado 6 de abril de 2022 mostró soluciones al problema que había provocado los retrasos en la publicación y que se debían, según manifestaron desde la Administración, al alto número de participantes registrados en algunas categorías profesionales.
