La Delegación del Gobierno de España en Andalucía ha cifrado en alrededor de 2 millones de pensionistas andaluces entre los beneficiarios de la revalorización de las pensiones, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, que establece una subida del 8,5% para las pensiones contributivas, así como un incremento extraordinario del 15% para las no contributivas y para el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
La revalorización de las pensiones afectará positivamente a los cerca de 1,6 millones de pensionistas contributivos, 93.321 perceptores de pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, y a los 471.013 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en Andalucía, según una nota del Gobierno.
El Gobierno ha reivindicado que este incremento se suma a las medidas del nuevo decreto-ley para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania para poner de manifiesto que «el Gobierno de España está centrado en la protección de las personas y del empleo, impulsando medidas que benefician a la clase trabajadora, a las personas más vulnerables, a las empresas y a los sectores más afectados por las consecuencias de la guerra en Ucrania», en palabras del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, quien afirma que «al ser Andalucía la comunidad más poblada es también la más beneficiada».
Fernández ha destacado que medidas como la prorroga de las rebajas fiscales en el recibo de la electricidad y del gas, la congelación del precio de la bombona de butano y la bajada del IVA de los alimentos de primera necesidad «dará alivio a todos los hogares, pero en especial a los de rentas más bajas, al igual que la ayuda de 200 euros de la que se han beneficiado este año más de 178.000 personas en Andalucía en 2022».
Al tiempo que ha afirmado que estas rebajas «tendrán un efecto positivo en la economía, tanto del sector de la distribución de la alimentación como agrícola, al incentivar el consumo de alimentos básicos. Un efecto indirecto al que, también, contribuirá la subida del poder adquisitivo de los pensionistas».
Sobre las bonificaciones al transporte, se mantienen al 50% para Avant Renfe, la gratuidad para Cercanías y Media Distancia y de las líneas de autobús de titularidad estatal para viajeros habituales.
Además, de las ayudas directas para cubrir la rebaja del 30% para el transporte público urbano e interurbano en aquellos territorios en los que los gobiernos autonómicos y las entidades locales complementen hasta el 50% de rebaja del precio.
«Espero que la Junta de Andalucía complemente la bonificación al transporte público para que los andaluces, sobre todo los estudiantes y los trabajadores, puedan beneficiarse de los descuentos», ha reclamado Pedro Fernández a la administración autonómica.
Limitación del alquiler
También se prorroga la limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%.
En Andalucía el número de hogares que viven en régimen de alquiler asciende a 3.257.700. El decreto-ley extiende hasta el 31 de diciembre la suspensión de desahucios y lanzamientos en hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
Junto a ello, se habilita una prórroga extraordinaria de 6 meses, a petición del arrendatario, de la vigencia de los contratos de arrendamiento que finalicen antes del 30 de junio de 2023. Durante esos seis meses se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.
Combustibles para profesionales
En relación a las medidas para sectores productivos, se ha prorrogado el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para el transporte profesional por carretera hasta el mes de marzo y fija una rebaja de 10 céntimos de euros por litro durante el segundo trimestre de 2023.
Los más de 325.000 agricultores y ganaderos de Andalucía y las 16 cofradías de pescadores de la comunidad, con cerca de 700 embarcaciones, se beneficiarán también de descuentos en los carburantes y de ayudas directas en compensación por la subida del precio de carburantes y fertilizantes.
El Gobierno ha apuntado que se mantienen las condiciones especiales en los aplazamientos de cuotas a la Seguridad Social para trabajadores por cuenta propia agraria, trabajadores del mar, transporte urbano y por carretera, cuyo devengo se haga entre enero y marzo de 2023 para empresas y entre febrero y abril de 2023 para trabajadores autónomos.
