Fernando Grande-Marlaska, Ministro de Interior, ha destacó este viernes «la importancia» de los programas de tratamiento penitenciario para lograr la reinserción de los internos que se realiza en las prisiones españolas.
«Son un referente internacional, clave para que los reclusos regresen a la sociedad en mejores condiciones que cuando entraron en prisión», ha explicado el ministro en el Centro Penitenciario de Alcolea, en Córdoba, durante el acto con motivo de la Merced, la patrona de Instituciones Penitenciaras.
En palabras de Grande-Marlaska, «la reinserción es el fin último de la institución, pero sabemos que no es un camino fácil el que reintegra a un recluso en la sociedad de hoy».
El ministro se ha referido, entre otros ejemplos, al programa Pideco, centrado en los condenados por delitos económicos, «que ha merecido el reconocimiento internacional y que ha tenido eco, por su carácter innovador, en medios de Estados Unidos, Alemania y Argentina».
Ha incidido también en la apuesta del Ministerio por «acercar las nuevas tecnologías a los reclusos para facilitar su acceso a talleres y a programas de tratamiento». «Estas modernas tecnologías permiten además utilizar recursos de realidad virtual como estrategia de intervención en programas de violencia de género y delitos de odio, actuaciones que se enmarcan dentro de programas de rehabilitación psicosocial que ya están en marcha en los centros de Tenerife, A Coruña, Vigo y Madrid», ha dicho.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha ensalzado por su parte el desempeño profesional del personal penitenciario y de las entidades que colaboran en el día a día con la Administración y ha esbozado los retos de futuro, que pasan por «seguir adaptando la intervención en las prisiones a los perfiles cambiantes de la población reclusa».
Ortiz ha recordado, además, el proceso selectivo que se celebrará este año para incorporar 2.324 nuevos funcionarios, la suma de las ofertas de empleo público de 2021 y 2022. «Desde junio de 2018, se han aprobado 5.545 plazas en un esfuerzo por recuperar el ritmo de la oferta pública y atender las necesidades de la Administración Penitenciaria», ha subrayado.
Al acto celebrado en Córdoba han asistido el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela, y el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente, entre otros representantes institucionales, políticos, de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y agentes sociales.
Condecoraciones al trabajo
En el acto se ha hecho entrega de buena parte de las medallas que ha concedido este año Instituciones Penitenciarias. La Secretaría General ha reconocido con la medalla de Oro al Mérito Penitenciario la dilatada trayectoria y destreza organizativa y de gestión del administrador del Centro Penitenciario Puerto III, Trifón Martín, a la vez que se ha distinguido con la máxima condecoración al médico especialista del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla Pedro Massé por su dedicación y ser un referente en la Unidad de Agudos del establecimiento.
La medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario la ha recogido el vicepresidente de Plena Inclusión España, una entidad que colabora con la Administración desde 2005 en la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual condenadas a penas privativas de libertad.
Además, las medallas de Plata al Mérito Penitenciario han puesto en valor la labor desempeñada por la coordinadora del Área de Tratamiento y Gestión Penitenciaria de la Secretaría General, Lourdes Gil; las directoras de los centros penitenciarios de León y Castellón I, Henar García y Celia Bautista; el director del Centro de Inserción Social de Huelva, Áyax Murillo; los administradores del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla y del Centro de Inserción Social de la capital andaluza, Amalia Quesada y Miguel Ángel Gordillo, y la coordinadora Territorial de Andalucía Occidental de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, Noelia Ortega.
Por otro lado, se han concedido las medallas de Plata al Mérito Social Penitenciario al consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Julio García; al consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Raúl Pesquera, y a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés.
Con la misma condecoración se ha reconocido el trabajo del delegado de Protección de Datos de la Secretaría de Estado de Seguridad, Carlos Manuel Fernández, y el del inspector jefe de la Comisaría Especial del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, Rafael Varas.
También han recibido la medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario el director gerente del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Modoaldo Garrido; el director gerente, el director de Cuidados de Enfermería y la enfermera del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, Javier Fonseca del Pozo, José Ángel Lázaro y Concepción Moyano, y la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha Cristina Rodríguez Yagüe.
Igualmente, el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Juan Carretero, ha recogido la medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario otorgada en 2021.
Dentro de los actos conmemorativos de la Merced, se condecoró este jueves en Madrid con la Medalla de Oro al Mérito Penitenciario a Félix Benito, subdirector de Régimen del Centro Penitenciario Madrid IV (Navalcarnero). Funcionario de Instituciones Penitenciarias desde 1986, se le ha otorgado la máxima distinción por la capacidad de liderazgo, la lealtad institucional y compromiso desplegado en una amplia trayectoria.
«Compromiso » con los funcionarios de prisiones
Por otra parte, ante las protestas de los funcionarios de prisiones en las puertas del centro penitenciario cordobés para reclamar mejoras salariales y el reconocimiento como agentes de autoridad, Grande-Marlaska ha trasladado toda su «solidaridad y compromiso» con los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
Al respecto, ha recordado que ahora hay en el Congreso «una proposición de ley instada por el Grupo Parlamentario Socialista para el reconocimiento de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad y también para que se les garantice el principio de indemnidad«, de modo que «si sufren una agresión en el ejercicio de sus funciones, inmediatamente el Estado esté obligado de oficio a la indemnización correspondiente, lo que no ocurre ahora».
Ante ello, el ministro espera que «el PP y la derecha no sea reacia a apoyar en la sesión del Congreso dicha proposición de ley y que pueda ser efectiva a la mayor brevedad posible», puesto que «se trabaja y se estudian todas las posibilidades para mejorar todas las condiciones laborales de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias», ha aseverado.
Así, ha defendido que se ha hecho «una oferta de empleo público en estos años», mientras que «en infraestructuras se invierten más de 300 millones de euros», aunque ha asegurado que «se seguirán implementando, dentro de las posibilidades reales y ciertas, las demandas siempre legítimas de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, evidentemente representados por sus sindicatos, con los cuales la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias mantiene un nivel de comunicación continua en todos los ámbitos competencia».
