El sector primario andaluz estalla contra la Junta de Andalucía. El Gobierno de Moreno Bonilla ha aprobado nuevas tasas para agricultores y ganaderos que gravan con impuestos a algunos servicios que durante las últimas tres décadas no han tenido coste para el sector primario andaluz, generando un descontento generalizado y levantando las protestas de asociaciones agrarias y ganaderos y agricultores particulares.
Fue el pasado 30 de diciembre, en las postrimerías del año y con bastante ocultismo, cuando la Junta de Andalucía hizo pública la modificación de tasas que afectan a servicios básicos del sector primario. Se trata de la Ley 10/2021 que sustituye a una legislación con más de 30 años, de 1988, y que va directamente al bolsillo de ganaderos y agricultores.
En este caso, a partir de 2022, en Andalucía existe ya un nuevo impuesto para ganaderos que les obliga a pagar entre 28 y 165 euros por la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas y entre 63 y 165 euros en el caso del Registro de Transportistas y Medios de Transporte. En ambos casos, antes de esta modificación efectuada por la Consejería de Agricultura que dirige la popular Carmen Crespo, no existían tasas para estos trámites tan usuales y comunes en el sector ganadero andaluz.
Igual ocurre con otros trámites agrícolas, como es el caso de que esta nueva normativa de la Junta de Andalucía contempla una subida de precios en los laboratorios agroalimentarios que sitúa analíticas para el rendimiento graso de la aceituna entre los 19 y 25 euros frente a los seis y nueve euros que se cobraban hasta ahora. No se trata de un impuesto nuevo sino de un incremento de superior a un 300% de esta tasa, fundamental para el importante sector olivarero y aceitunero de Andalucía.
En términos agrícolas, ha generado una gran distensión la aplicación de estas tasas que van directamente a la capacidad de producción de los agricultores andaluces. En el sector vitivinícola, de amplia expansión en la comunidad autónoma, el Gobierno de Moreno Bonilla obliga a pagar casi 200 euros, 186,48 para ser exactos, por replantar un viñedo cuando hasta ahora se trataba de una acción que no tenía asociado ningún impuesto o tasa.
La modificación de esta ley, con la subida de impuestos o la activación de nuevas tasas está sacudiendo al sector primario andaluz, que se está levantando contra el gobierno de la Junta de Andalucía. Tanto las patronales como organizaciones agrarias, caso de Asaja o los partidos políticos con amplia representación y presencia en el tejido rural andaluz, como el PSOE, han puesto el grito en el cielo ante una medida que califican de «abuso», al tiempo que piden una «rectificación urgente» a la Consejería de Agricultura.
A juicio de muchos agricultores y ganaderos andaluces, se trata de un «atropello» en toda regla al tiempo que les hacen manifestar su gran contrariedad frente a un gobierno del que dicen «les miente». Se refieren a lo mucho que este ejecutivo de Moreno Bonilla dice defender al mundo agrario y ganadero pero cómo a la hora de la verdad está efectuando un maltrato en base a la puesta en marcha de impuestos que no existían.
De esta forma, Moreno Bonilla se enfrenta a una posible crisis en el campo, liderada por un sector primario que piensa levantarse si sigue percibiendo falta de apoyo y ayuda por parte de la Junta de Andalucía. La comunidad sigue teniendo una dependencia primordial en términos económicos de la producción agraria y ganadera, que sigue estando al frente de los sectores productivos andaluces.
En este sentido, causa especial indignación entre el sector que el Partido Popular sea capaz de poner el grito en el cielo ante un supuesto maltrato por parte del ministro Garzón mientras sube impuestos y pone en marcha tasas que afectan de forma muy clara al desarrollo de la agricultura y ganadería andaluzas. «Menos fotos con ovejas y más ayuda real a los productores», replica a Moreno Bonilla un ganadero afectado por estas nuevas tasas.
