La parlamentaria de Por Andalucía Alejandra Durán ha realizado este martes un llamamiento a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para que «deje ya la deriva privatizadora de todos los elementos de la educación pública, porque no podemos dejar que se haga negocio ni que se destruya lo que ha sido uno de los pilares de nuestra comunidad andaluza junto al de sanidad».
Así lo ha reclamado la también secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento en la que también ha aludido a la huelga convocada por el personal técnico de integración social (PTIS) que «atiende al alumnado más vulnerable» en los centros públicos de la comunidad, para que «se respeten sus condiciones laborales y se mejoren las condiciones que a día de hoy tienen».
La parlamentaria de Por Andalucía ha subrayado que «la mayoría» de dicho personal técnico de integración social «se encuentra externalizado en manos de empresas que vulneran continuamente estos derechos laborales», y ha comentado que este mismo martes se va a celebrar una reunión entre representantes de la Consejería de Desarrollo Educativo y de los sindicatos en la que desde el grupo de Podemos, IU y Más País, entre otras formaciones, esperan «que se atiendan las peticiones» de dicho personal.
De igual modo, Alejandra Durán ha insistido en reclamar a la Junta que «abandone la senda de privatización de todos los servicios que tienen que ver con la educación», y ha criticado su «apuesta por la educación privada concertada», así como el «incremento de 33 millones de euros» previsto en los Presupuestos de la Junta para 2024 respecto a los anteriores «para los conciertos en la Formación Profesional», y al respecto ha advertido de que «gran parte de este dinero viene de transferencias, o bien del Estado o de los fondos europeos».
Personas con discapacidad
De igual modo, Alejandra Durán ha aludido al Día Internacional de las personas con discapacidad que se conmemora el 3 de diciembre, y a la celebración de una reunión de comisión parlamentaria en la que los diputados han «recogido todas y cada una de las demandas que nos han trasladado los agentes sociales, y que lo que piden fundamentalmente es un aumento de recursos y de voluntad» para que «se mejoren las condiciones fundamentalmente en todo lo que respecta a empleo, a formación, a educación y a vivienda».
Al hilo, la diputada de Por Andalucía ha anunciado que su grupo ha registrado «una serie de iniciativas que van en esta línea para que las consejerías implicadas actúen cuanto antes en resolver estos problemas que tiene este colectivo», y al respecto ha puesto de relieve que en Andalucía se contabilizan «570.044 personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, de los que 9.789 presentan un nivel de discapacidad superior al 75%».
Ha detallado que una de las peticiones del colectivo de personas con discapacidad dirigidas a la Junta es la de que «se tome en serio y apueste por viviendas públicas, asequibles y adaptadas», y también que «se ponga desde ya para acabar con el retraso de 20-24 meses que se está dando en las ayudas a los centros de empleo».
Además, la diputada de Por Andalucía ha aprovechado para reclamar a la Junta «la aceleración de los plazos de resolución de la Ley de Dependencia», y ha realizado un llamamiento dirigido a «todos los grupos políticos» para «remar» en la misma dirección de tener «sensibilidad» con el colectivo de personas con discapacidad, y que eso «se traduzca en los Presupuestos» de la Junta para 2024, porque «queda muchísimo camino por recorrer en este sentido» y «muchos temas que trabajar», según ha aseverado antes de subrayar que «lo que toca es hacerle la vida más fácil a las personas con discapacidad».
Medidas contra la sequía
Por otro lado, la parlamentaria de Por Andalucía por Granada ha aludido a las medidas de emergencia frente a la sequía que tiene previsto aprobar este martes el Consejo de Gobierno para criticar que, paralelamente, la Junta quiere «duplicar el uso de la nieve artificial», y para acusar al presidente Juanma Moreno de estar convirtiendo Sierra Nevada en «un parque de atracciones para ricos a costa del patrimonio natural de la provincia de Granada».
En ese sentido, Alejandra Durán ha concluido manifestando que la Junta de Andalucía «tendrá que decidir si está al lado de la protección medioambiental y de la protección del agua de nuestros ríos y de nuestras acequias, o si está a favor de un turismo especulativo» como el que, en su opinión, se está promoviendo en Sierra Nevada, según ha zanjado.
