Los aledaños de la Audiencia de Sevilla y de los juzgados de Instrucción han sido este martes el escenario de una concentración protagonizada por más de 250 jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados y procuradores, ante la ley de acordada entre el PSOE y Junts, para amnistiar a responsables políticos y ciudadanos con cargos judiciales pendientes por el proceso independentista catalán de 2017 y que tal formación independentista apoye una nueva investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
En la concentración han participado los principales responsables del sector jurídico sevillano, entre ellos el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero; el presidente en funciones de la Audiencia provincial, Juan Márquez Romero; el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo; los delegados en la provincia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, o el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León; así como numerosos magistrados como la jueza Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía; y muchos abogados como José Rodríguez de la Borbolla, presidente socialista del Gobierno andaluz entre 1984 y 1990.
La concentración, convocada por las asociaciones de jueces y difundida por el Decanato de Jueces de Sevilla, haciéndola extensiva al resto de colectivos del sector judicial de la provincia, ha sido una reacción a la mencionada ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts y ha sido secundada en otras sedes judiciales de la provincia, como por ejemplo en los juzgados de Dos Hermanas.
En concreto, PSOE y Junts acordaban días atrás una «ley de Amnistía para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato», ley que «debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos», según figura en el texto del acuerdo.
«Lawfare»
«En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas», añade el texto del pacto.
Ante ello, las cuatro asociaciones judiciales –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)– firmaban días atrás un comunicado conjunto, poniendo el foco en «las referencias al ‘lawfare’ o ‘judicialización de la política’ y sus consecuencias» para expresar su «rechazo».
Explicaban al respecto que el texto del acuerdo «contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
«Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes», alertaban las asociaciones de jueces y magistrados, defendiendo que «el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta».
De cualquier modo, el citado acuerdo se ha traducido en una proposición de ley promovida por el PSOE y sus socios parlamentarios, en la que se defiende dicha amnistía como medida necesaria para acabar con «la tensión, política, social e institucional» en Cataluña y garantizar la convivencia a «futuro».
En este marco, el decano de los jueces de Sevilla ha mostrado la «preocupación de todos los componentes del mundo jurídico de la provincia», es decir magistrados, letrados de la Administración de Justicia, procuradores o abogados, al considerar que el contenido del mencionado acuerdo «afecta a la independencia judicial y al principio de separación de poderes».
Avisando de que «la independencia judicial es fundamental» en un Estado de Derecho, el juez decano de Sevilla ha llamado a tener muy en cuenta tal extremo, por que «la garantía de los derechos y libertades» de la ciudadanía está precisamente «protegida por los jueces», que deben gozar de independencia para ejercer tal labor.
Por eso, ha considerado que resulta un principio «categórico y ético entender la preocupación de los miembros de la carrera judicial» en la defensa de su independencia y de la separación de poderes.
