El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió el pasado 7 de marzo en Miami a una docena de líderes latinoamericanos afines a la derecha en una cumbre bautizada como “Escudo de las Américas”, presentada oficialmente como un esfuerzo regional para combatir el narcotráfico, la inmigración irregular y el crimen organizado. Sin embargo, más allá del discurso de cooperación, el encuentro revive un patrón histórico conocido en el continente: el intento de Washington de reorganizar el mapa político latinoamericano bajo su propia agenda estratégica.
Entre los asistentes estuvieron el presidente argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el paraguayo Santiago Peña, mandatarios que mantienen una relación política cercana con la Casa Blanca. Durante la reunión, Trump defendió la necesidad de una coordinación regional más dura contra los carteles y las redes criminales transnacionales, incluso insinuando mecanismos de cooperación militar o estrategias de seguridad más agresivas entre gobiernos aliados.
Pero la propuesta también ha despertado fuertes críticas. A lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, numerosas intervenciones de Estados Unidos en América Latina —justificadas en nombre de la seguridad, la estabilidad o la lucha contra enemigos ideológicos— terminaron dejando tras de sí gobiernos debilitados, crisis institucionales y largos periodos de inestabilidad política. Para muchos analistas, la retórica de Trump recuerda esas viejas doctrinas de influencia hemisférica que durante décadas colocaron a Washington como árbitro político del continente.
Uno de los precedentes más inquietantes sigue siendo la Operación Cóndor, una red de coordinación represiva entre dictaduras militares sudamericanas durante la década de 1970. Bajo ese sistema, los regímenes autoritarios de países como Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil compartieron información de inteligencia y coordinaron la persecución, detención y desaparición de opositores políticos a escala regional. Investigaciones posteriores y documentos desclasificados revelaron que agencias estadounidenses tenían conocimiento del funcionamiento de esa red y, en algunos casos, colaboraron indirectamente con ella en el contexto de la Guerra Fría.
La memoria de esos episodios sigue pesando en la política latinoamericana. Por eso, iniciativas impulsadas desde Washington que buscan reorganizar alianzas regionales bajo el argumento de la seguridad despiertan inevitablemente sospechas. Para muchos observadores, el “Escudo de las Américas” recuerda otras estrategias del pasado en las que la lucha contra amenazas —antes el comunismo, hoy el narcotráfico o la migración— servía también para justificar una influencia política directa en los asuntos internos de los países de la región.
El carácter ideológico de la cumbre quedó aún más claro por sus ausencias. Potencias regionales como Brasil, México o Colombia no participaron en el encuentro, y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ni siquiera fue invitado. La exclusión de gobiernos progresistas sugiere que la reunión no fue únicamente un foro sobre seguridad, sino también un intento de articular un bloque político alineado con la visión conservadora de Trump para el continente.
Además del componente ideológico, el encuentro también refleja una disputa geopolítica más amplia. En las últimas dos décadas, la presencia económica de China en América Latina ha crecido de forma sostenida, con inversiones en infraestructura, energía y comercio que han transformado el equilibrio de poder en el hemisferio. Para Washington, esta expansión representa un desafío directo a su influencia histórica en la región.
En ese contexto, el “Escudo de las Américas” aparece menos como una estrategia colectiva latinoamericana y más como una iniciativa diseñada desde Washington para recomponer su red de aliados en el continente. Para críticos de la propuesta, el riesgo es evidente: que bajo el lenguaje de la seguridad vuelva a imponerse una lógica conocida en la historia latinoamericana, donde las prioridades estratégicas de Estados Unidos terminan definiendo —una vez más— las reglas del juego político regional.
En los días posteriores a la cumbre, distintos analistas y centros de estudios regionales han señalado que el encuentro dejó más interrogantes que consensos. Mientras algunos gobiernos alineados celebraron la iniciativa como un paso hacia una cooperación más firme en materia de seguridad, voces críticas en América Latina y en foros internacionales advirtieron sobre el riesgo de reactivar esquemas de influencia política bajo nuevas etiquetas. La ausencia de potencias regionales y la falta de una agenda verdaderamente inclusiva han reforzado la percepción de que, más que inaugurar una nueva arquitectura de cooperación, el “Escudo de las Américas” podría estar reeditando, con lenguaje actualizado, una lógica que el continente conoce demasiado bien.
