Fin a 2.030 días del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, han sellado en Bruselas este acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová.
En concreto, ambos han acordado proceder a la inmediata renovación del CGPJ, así como presentar una proposición de ley orgánica que «reforzará la independencia del Poder Judicial, tal como «recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023». También han pactado nombrar a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.
El acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de cinco años caducado, incluye un reparto «equilibrado» de los 20 vocales del Consejo, con 10 para cada uno, y «mayoría reforzada» de tres quintos para la toma de decisiones y nombramientos.
En virtud del pacto, el Gobierno «no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo: por primera vez en la historia serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal. Lo harán por un mínimo de 12 votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos».
El PP ha indicado que los criterios de idoneidad fijados para este nuevo CGPJ son los incorporados al plan de calidad institucional que presentó Alberto Núñez Feijóo en Cádiz en enero de 2023. «Estarán incorporados a la nueva ley pero serán de obligado cumplimiento ya para la presente renovación de integrantes del Consejo», han agregado los ‘populares’.
Asimismo, el acuerdo «implica también la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado». «Por tanto, el pacto implica evitar nuevos casos ‘Dolores Delgado'», han resaltado los ‘populares’.
Finalmente, PP y PSOE acuerdan también «cubrir la vacante pendiente el Tribunal Constitucional que, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, ocupará José María Macías, actual vocal del CGPJ», han indicado las mismas fuentes.
Fin a una crisis institucional
Por su parte, el PSOE ha señalado que ese acuerdo «pone fin a una crisis constitucional de más de cinco años» y «cumple con lo expuesto en el Informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea», según ha indicado en un comunicado.
Según ha explicado, se procederá a una renovación inmediata de los vocales del CGPJ y «se tramitará una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar su independencia, estudiar posibles reformas y poner el mérito en el centro a la hora de realizar nombramientos».
Así, el PSOE ha indicado que «en los próximos días el Congreso y el Senado procederán a elegir los veinte nuevos vocales del Consejo, restaurando así la Constitución en este órgano». «Serán 20 vocales con una larga trayectoria y acreditado prestigio en el ámbito de la Justicia y el Derecho y con diferentes sensibilidades que representan a la sociedad española», han agregado los socialistas.
Según el PSOE, desde ahora se exigirá que los nombramientos de los altos cargos judiciales «se hagan basándose en los méritos y la trayectoria de los candidatos, como ha defendido el presidente del Gobierno», algo que, a su juicio, «mejorará el Servicio Público de Justicia y quitará incentivos para nuevos bloqueos como el que ha mantenido la derecha durante más de 2.000 días».
Se refuerza el régimen de incompatibilidades
Según lo pactado, «se refuerza el régimen de incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales en los casos en los que pasen del servicio activo al ejercicio de cargos políticos», han agregado los socialistas.
Además, se encomienda al nuevo Consejo que «elabore propuestas de reforma para el nombramiento de sus vocales judiciales, propuesta que se remitirá al Gobierno, al Congreso y al Senado». Se trata de una exigencia de los ‘populares’ estos años de negociación.
El PSOE ha señalado que esta reforma es «buena para la ciudadanía» porque «por cada año que no se renovaba el CGPJ, el Tribunal Supremo acumulaba mil asuntos de retraso», al tiempo que es «buena» para jueces y magistrados porque «permitirá cubrir las plazas pendientes: más de 25 en el Tribunal Supremo (estaban vacantes más del 30%) y más de 70 en tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales».
Según el PSOE, este pacto permite que se vuelvan a producir nombramientos y que los jueces y magistrados puedan «progresar en sus carreras, como demandaban las asociaciones judiciales tanto progresistas como conservadoras». Además, ha destacado que «se crearán 1.000 plazas de jueces y fiscales en los próximos 5 años»
El PSOE ha destacado que este acuerdo también beneficia a la economía porque «el coste anual del bloqueo suponía 12,5 millones de euros para las arcas públicas». «El Gobierno estaba reforzando el Tribunal Supremo para evitar su colapso», han señalado, para resaltar que la solución de esta «crisis constitucional» contribuirá «a la seguridad jurídica y la confianza de los inversores en España».
Plenamente satisfechos
Por todo ello, el PSOE ha indicado que «está plenamente satisfecho con este acuerdo» sellado en Bruselas. «Hemos estado cinco años intentando que el PP cumpliese la Constitución y, más de 2.000 días y 35 excusas diferentes después, lo hemos logrado», ha indicado la formación que lidera Pedro Sánchez.
«Esperamos que este acuerdo contribuya además a mejorar el clima político del país al subrayar la utilidad de una política útil basada en el diálogo y los acuerdos totalmente opuesta a las formas y las estrategias de la ultraderecha», ha asegurado el PSOE en un comunicado.
