ÓSKAR MARTÍN
Secretario general de UGT Andalucía
Ése es el lema de la multitudinaria manifestación regional que hemos celebrado UGT y CCOO este pasado 6 de noviembre en Sevilla. Han venido delegados y delegadas de toda Andalucía, y muchos ciudadanos se han sumado a la protesta, unos dos mil, sobre todo en las Setas, donde han participado de la “performance” que hemos hecho con un ataúd y cruces con fallecidos en los distintos sectores de actividad, para visualizar la gravedad de lo que está ocurriendo.
En UGT Andalucía hemos dicho basta ya y, en esta materia, seremos muchos más contundentes y exigentes a partir de ahora. Los trabajadores y trabajadoras no pueden seguir muriendo por cumplir con sus funciones laborales. En el salario que les paga el empresario va el trabajo que realizan, no su salud, ni su vida. Pero en los últimos diez años, de 2012 a 2022, ha crecido un 59% el número de fallecidos en accidente laboral en Andalucía. En 2022 murieron 151, y en este 2023 ya van 100, según cifras oficiales de la Junta hasta final de septiembre.
Empezamos noviembre perdiendo a un joven andaluz, de 22 años en Morón de la frontera. Un joven con toda la vida por delante, muerto tras caer desde un tejado, algo que se hubiera evitado simplemente con que llevara puesta una línea de vida. Conozco de cerca un caso muy parecido, ocurrido hace unos meses. Un vecino joven, de poco más de 20 años, que trabajaba en una empresa de ascensores, sin formación y sin los EPIS adecuados, se electrocutó y cayó desde una sexta planta, muriendo al instante. El jefe mandó que le quitaran las botas y la ropa de la empresa, para que no lo relacionaran con ella, porque no estaba asegurado. Esto está ocurriendo en 2023, bien adentrados ya en el siglo XXI, y estamos empeñados en que no vuelva a pasar.
Las cifras son insoportables, pero sólo con que hubiera una persona fallecida por ir a cumplir con su trabajo, nuestra movilización ya tendría sentido.
Detrás de cada trabajador o trabajadora muerta, hay una injusticia porque, en casi todos los casos, el accidente era evitable. Hay dolor y un drama familiar. Y, si se ha producido por un incumplimiento de las medidas preventivas hay un daño social y económico, hay responsabilidad del empresario que, a veces, termina arruinado y en la cárcel, y yendo al paro los empleados que tenía.
Las administraciones: la Junta, el Gobierno central, y también los ayuntamientos, son responsables, de que los accidentes laborales sigan subiendo. Hacen falta más inspectores y más inspecciones; mayor vigilancia de los contratos y de los planes de prevención, por parte de la autoridad laboral, y más sanciones; y cumplimiento de los acuerdos en materia de salud laboral municipales, como el firmado en Morón, y al que no se había dado contenido desde 2018.
Desde UGT Andalucía reclamamos el reconocimiento del delegado territorial de prevención,una figura esencial, porque en un tejido empresarial compuesto en un 95% de autónomos y de pequeñas y medianas empresas, donde no llega la representación sindical, debe llegar el delegado territorial, que asesore a las empresas y a las plantillas de esas pequeñas sociedades, y que informe a la inspección, si ve incumplimientos del plan de prevención, o no lo hay. En esas visitas, nosotros queremos que haya también un representante de la patronal.
Parece que hemos aceptado como normal que haya personas que mueren por acudir a su puesto de trabajo, y no debe de ser así.
El Plan de Choque que firmamos con CCOO, la CEA y la Junta, no se está cumpliendo con la agilidad que queríamos. Queremos campañas de concienciación social que calen en la ciudadanía, con la dureza que suponen muertos y heridos graves. Con cifras oficiales hasta el mes de agosto, 724 accidentes graves en Andalucía, un 2,31% más que el mismo mes del año pasado. Accidentes que, en muchos casos, dejan a personas incapacitadas para el trabajo y la vida social. Suponen un 23,54% del total nacional; podemos decir que casi 1 de cada 4, se producen en nuestra comunidad.
Nuestro objetivo, lo más importante es evitar los accidentes. Pero como, desgraciadamente ocurren, UGT-A ha propuesto, en el marco del diálogo social, que el gobierno andaluz cree un fondo para las víctimas y sus familias, afectadas por accidente laboral. En el caso de muerte, para cubrir las necesidades de las familias que se hayan quedado sin ingresos y, en caso de accidentes graves que hayan generado una discapacidad, para cubrir los gastos de reformas o cambio de vivienda, rehabilitación, y la atención necesaria.
Podemos dar más datos que justifican nuestra movilización, como por ejemplo, que 9 personas hayan perdido la vida en los 5 primeros días de trabajo, poniendo de manifiesto la falta de formación preventiva cuando se inicia una relación laboral, o que la mayor causa de mortalidad laboral sean las patologías no traumáticas (infartos, derrames cerebrales…) siendo un 39,13% del total, lo que refleja el déficit que tienen las empresas en evaluación de los riesgos psicosociales, a pesar el Criterio Técnico 104/021 sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en riesgos psicosociales, muchas veces por motivos económicos. Se le sigue poniendo precio a la seguridad de trabajadores y trabajadoras.
Hace dos semanas, el secretario General de UGT, Pepe Álvarez, presentaba un informe sobre los efectos del trabajo en la Salud Mental, con el que avalaba una reivindicación que reiteramos desde UGT-A: que la salud mental sea declarada enfermedad profesional.
El informe refleja que se pierden 12 mil millones de días de trabajo a nivel mundial debido a la depresión y a la ansiedad, lo que cuesta a la economía un billón de dólares. En la UE los costes de la mala salud mental se estimaron en más del 4% del PIB, un problema que ha ido a peor tras la epidemia de la COVID.
Insistimos en que es necesaria una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una Ley de Prevención adaptada a las nuevas formas de producir y a los problemas que sufren los trabajadores del siglo XXI.
Capítulo aparte, aunque no menos importante, es la infradeclaración de enfermedades profesionales que se da en nuestro territorio.
Andalucía posee el 15,86% de población asalariada de España y declara únicamente el 4,95% de Enfermedades Profesionales de todo el país. En contraposición existen otras Comunidades Autónomas como la Valenciana con un 10,51% de asalariados del total nacional y que declara cerca del 21% de todas las EEPP que se declaran en España.
Andalucía tiene el “dudoso” honor de ser la segunda comunidad autónoma detrás de la de Madrid, con una mayor infradeclaración de enfermedades profesionales en comparación con su población asalariada.
Reclamamos igualmente la creación de Tribunales de Justicia específicos sobre siniestralidad laboral, con el consiguiente Fiscal especializados en siniestralidad laboral.