El PSOE-A ha criticado que la Oficina Andaluza contra el Fraude, actualmente dirigida por un responsable elegido con el apoyo del PP y la ultraderecha, haya decidido archivar la investigación sobre la subvención concedida por la Junta de Andalucía al cantante y empresario José Manuel Soto.
Dicha ayuda, articulada mediante un contrato menor de 14.472 euros, tenía como finalidad el diseño de un proyecto turístico para promocionar los caminos que conducen a la aldea de El Rocío, bajo la marca Caminos del Rocío, inspirada en el modelo del Camino de Santiago.
La denuncia fue presentada por el grupo Por Andalucía, y la propia Oficina Antifraude, bajo su anterior dirección, detectó en enero de 2025 indicios de irregularidades en la adjudicación del contrato a la empresa Caminos de Andalucía, propiedad de Soto. Por ese motivo, instó a la Consejería de Turismo a iniciar una revisión de oficio del expediente para valorar si el contrato debía declararse nulo de pleno derecho.
El portavoz socialista Mario Jiménez ha recordado que fue la anterior dirección de la Oficina la que abrió el expediente por presuntas irregularidades en la concesión del contrato, que calificó como un “chiringuito” carente de informes técnicos, sin garantías de publicidad ni concurrencia, y sin un proyecto sólido que lo respaldara. Además, subrayó que el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, llegó a admitir que la concesión de la subvención se basó más en una afinidad personal que en un procedimiento administrativo reglado.
Desde el PSOE-A lamentan que, pese a que la Oficina Antifraude detectó posibles vicios de nulidad, el nuevo responsable del organismo haya optado por cerrar el expediente, lo que a su juicio supone eximir de responsabilidades a José Manuel Soto. No obstante, insisten en que al menos la investigación sirvió para poner de manifiesto que se trataba de un proyecto sin fundamento, financiado con dinero público sin respaldo administrativo suficiente y sin contar siquiera con la opinión del Ayuntamiento de Almonte.
Por su parte, el diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez ha aclarado que la Oficina Antifraude ya dictaminó en su momento que el contrato debía ser anulado y que Soto debía devolver el importe recibido. Según explicó, el archivo del expediente no supone una rectificación ni una exoneración, sino que traslada ahora toda la responsabilidad a la Junta de Andalucía, que es la que debe ejecutar esa resolución: declarar la nulidad del contrato y reclamar la devolución del dinero.
La Oficina Antifraude acordó archivar el procedimiento una vez que la Junta inició formalmente los trámites para revisar de oficio el contrato, con el objetivo de determinar si procede su nulidad conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. En este sentido, Gómez insistió en que el caso ya está resuelto a nivel técnico y que lo único pendiente es que el Gobierno andaluz cumpla con lo dictaminado.
El diputado fue más allá y afirmó que la Junta se ha visto obligada a rectificar porque fue descubierta cometiendo un fraude de manera burda, fruto —según sus palabras— de un acuerdo entre Moreno Bonilla y José Manuel Soto. Como prueba de ello, destacó que este año, por primera vez, el proyecto Senderos del Rocío no figura en los Presupuestos de la Junta, lo que demuestra que el Ejecutivo andaluz es consciente de las irregularidades detectadas y ha optado por retirar la financiación para evitar mayores consecuencias políticas y legales.
