Familiares de las víctimas de un tiroteo ocurrido en Canadá, en Tumbler Ridge, Columbia Británica, han presentado una demanda contra OpenAI, propietaria de ChatGPT, alegando negligencia y la falta de notificación a las autoridades policiales. El director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, también ha sido incluido en el proceso.
Los demandantes solicitan una indemnización cuyo monto no ha sido revelado y exigen que la empresa modifique sus protocolos de seguridad, incluyendo la implementación de mecanismos obligatorios de aviso a las autoridades.
Uso de la inteligencia artificial para planificar el ataque
La autora del ataque habría utilizado el chatbot para planificarlo en su totalidad. Supuestamente, OpenAI tenía conocimiento de esta situación ocho meses antes de que ocurrieran los hechos y, aun así, no informó a la policía.
Un total de siete demandas presentadas ante un tribunal federal en San Francisco sostienen que los responsables de OpenAI optaron por no alertar a las autoridades, ya que ello habría expuesto la magnitud de los contenidos violentos en la plataforma y podría haber perjudicado sus planes de salida a bolsa, valorados en casi un billón de dólares.
En junio de 2025, según una de las denuncias, los sistemas automáticos de la empresa lograron identificar conversaciones en ChatGPT en las que la autora hacía referencia a temas violentos.
De acuerdo con la acción judicial, miembros del equipo de seguridad recomendaron informar a la policía tras concluir que la amenaza era real e inminente, basándose incluso en informaciones publicadas por The Wall Street Journal sobre debates internos en la empresa. Sin embargo, según la denuncia, Sam Altman y otros directivos de OpenAI habrían ignorado esta recomendación y no se notificó a las autoridades.
Según el proceso, la autora llegó a tener su cuenta bloqueada por OpenAI. No obstante, logró crear otra y continuó utilizando ChatGPT para planificar el ataque.
Por su parte, OpenAI calificó el tiroteo como una tragedia. En un comunicado oficial, la empresa afirmó:
“Como hemos compartido con las autoridades canadienses, ya hemos reforzado nuestras salvaguardas, incluyendo la mejora en la forma en que ChatGPT responde a señales de angustia, conectando a las personas con apoyo local y recursos de salud mental, reforzando la evaluación y escalada de posibles amenazas de violencia y mejorando la detección de reincidencia de quienes infringen nuestras políticas”.
El abogado de los demandantes, Jay Edelson, indicó que pretende presentar otras 20 demandas contra OpenAI en representación de más personas afectadas por el ataque.
El CEO de OpenAI pide disculpas
Sam Altman envió una carta a la ciudad de Tumbler Ridge en la que expresó sus disculpas y afirmó su compromiso con la búsqueda de soluciones para evitar tragedias similares en el futuro.
Según Altman:
“Quiero expresar mis más profundas condolencias a toda la comunidad. Nadie debería tener que pasar por una tragedia como esta. No puedo imaginar nada peor en el mundo que perder a un hijo. Mi corazón está con las víctimas, sus familias, todos los miembros de la comunidad y la provincia de Columbia Británica”.
Recordatorio del caso
El 10 de febrero de este año, Canadá sufrió uno de los peores tiroteos de su historia. Jesse Van Rootselaar, de 18 años, disparó contra su madre y su hermano en su vivienda. Posteriormente, abrió fuego contra una auxiliar educativa y contra cinco alumnas de su antigua escuela, de entre 12 y 13 años. Tras los ataques, se quitó la vida.
El viudo de la auxiliar educativa, junto con los padres de un menor fallecido y los de una sobreviviente, figuran como demandantes en el proceso contra la empresa tecnológica.
El caso pone de manifiesto la fragilidad del marco regulatorio en torno a las nuevas tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial. Deja de ser un asunto de política interna canadiense y abre el debate sobre la falta de gobernanza global en cuanto a normas comunes para el funcionamiento de tecnologías emergentes, especialmente en un escenario que involucra actores estatales, no estatales y la sociedad civil.
Estos procesos se inscriben en un contexto más amplio, en el que OpenAI enfrenta diversas demandas en tribunales estadounidenses que alegan que la plataforma ha facilitado comportamientos perjudiciales. Los tribunales se ven ahora obligados a posicionarse respecto al papel de la inteligencia artificial en la sociedad y su posible vínculo con situaciones de violencia, lo que plantea el desafío de definir el grado de responsabilidad de actores privados como OpenAI.
