El Gobierno andaluz presidido por Juan Manuel Moreno intenta marcar distancias con uno de sus antiguos responsables políticos tras su imputación en el denominado “caso Supercopa”. La investigación judicial apunta al exsecretario general para el Deporte de la Junta, José María Arrabal, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras de reforma del estadio de La Cartuja de Sevilla.
La decisión judicial, que también afecta al actual gerente de la sociedad pública que gestiona el recinto deportivo, Daniel Oviedo, ha abierto un nuevo frente político en Andalucía y ha obligado al Ejecutivo autonómico a reaccionar rápidamente para desvincularse de los hechos investigados.
Según la investigación, ambos habrían participado en la adjudicación de contratos relacionados con la adaptación del estadio sevillano para grandes eventos deportivos, entre ellos partidos de la Eurocopa y otras competiciones internacionales.
Una investigación por presuntos amaños en las obras de La Cartuja
La magistrada que instruye el caso investiga si las obras de reforma del estadio sevillano, adjudicadas en 2021 por más de tres millones de euros, pudieron concederse de forma irregular a una empresa vinculada a la trama investigada.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Arrabal y Oviedo, entonces presidente y gerente de la empresa pública que gestiona el estadio, habrían contribuido a que la constructora Gruconsa resultara adjudicataria de varios contratos para adecuar el recinto a los requisitos de grandes competiciones internacionales.
Entre los trabajos investigados se encuentran actuaciones en zonas clave del estadio, como la sala de prensa, el sistema de iluminación o los accesos mediante tornos.
Los investigadores también analizan movimientos patrimoniales realizados por los responsables investigados poco después de la adjudicación de las obras, entre ellos la compra de propiedades inmobiliarias en los meses posteriores a los contratos.
La Junta intenta desligarse del caso
Ante el impacto político de la investigación, el Gobierno andaluz ha insistido en que José María Arrabal ya no forma parte del Ejecutivo autonómico, después de abandonar su cargo en diciembre de 2024.
Desde la Junta se subraya que su imputación pertenece a una etapa anterior y se sitúa en el ámbito de su responsabilidad individual.
Sin embargo, el Ejecutivo andaluz estudia ahora convocar el consejo de administración de la sociedad pública del estadio de La Cartuja para analizar la situación del gerente, que también aparece como investigado en la causa.
Este movimiento busca evitar que la investigación judicial afecte a la actual gestión del recinto deportivo, considerado estratégico para la organización de grandes eventos deportivos en Andalucía.
Un nuevo foco de tensión política en Andalucía
El caso ha provocado reacciones inmediatas en el ámbito político andaluz. Diversos partidos de la oposición han reclamado explicaciones al Gobierno autonómico sobre la gestión de las obras públicas en el estadio sevillano y sobre la relación entre la Junta y las entidades implicadas en el proyecto.
La polémica llega en un momento en el que el estadio de La Cartuja se ha convertido en una de las principales infraestructuras deportivas de España, sede habitual de finales de Copa del Rey, partidos de selecciones internacionales y grandes eventos futbolísticos.
Las reformas investigadas estaban destinadas precisamente a adaptar el estadio a los requisitos técnicos exigidos por las competiciones internacionales organizadas en los últimos años.
El caso Supercopa y la investigación en torno al fútbol español
La investigación judicial forma parte del llamado “caso Supercopa”, una causa más amplia que examina posibles irregularidades en contratos relacionados con competiciones organizadas durante la etapa del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Los investigadores analizan si determinadas empresas obtuvieron contratos públicos vinculados al fútbol profesional mediante acuerdos irregulares o a cambio de beneficios económicos.
En ese contexto, las obras del estadio de La Cartuja han pasado a formar parte de la investigación judicial tras detectarse posibles conexiones entre los contratos adjudicados y la red empresarial bajo sospecha.
Un caso aún en fase inicial
La imputación de Arrabal y del gerente del estadio marca solo el inicio de una investigación que podría prolongarse durante meses.
La jueza ha autorizado a los investigadores a examinar documentación y dispositivos electrónicos de los responsables implicados con el objetivo de esclarecer si existió un posible beneficio económico derivado de los contratos públicos.
Mientras tanto, el Gobierno andaluz intenta contener el impacto político del caso subrayando que se trata de una investigación judicial en curso y reiterando su disposición a colaborar con la justicia.
El desarrollo de las pesquisas determinará si el denominado “caso Supercopa” termina convirtiéndose en una de las principales controversias políticas en Andalucía en los próximos meses.
