CSIF Andalucía ha advertido de que la nueva reestructuración del Gobierno andaluz provocará un gasto público innecesario y un perjuicio, tanto a las empleadas y empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA), como al servicio que éstos prestan a la ciudadanía.
El presidente del sector de la AGJA en CSIF-A, José Manuel Dorado, ha lamentado que “en sólo dos años hayamos asistido a dos remodelaciones del Ejecutivo andaluz, lo que genera no sólo un importante gasto de fondos públicos, sino una enorme incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras de la Administración autonómica y el público en general, que ve menoscabada la garantía de un servicio público de calidad, de fácil acceso y en una ubicación estable”.
Dorado ha reiterado la apuesta del sindicato por una estructura de sedes fija en la Junta de Andalucía que no dependa del Ejecutivo de turno ni de los cambios en las distintas consejerías con el objetivo de evitar numerosos trámites y gastos innecesarios de fondos públicos. En este sentido, ha recordado que tras la remodelación de varias consejerías en 2022, desde CSIF-A ya se propuso a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, la elaboración de un Plan de Centros Laborales Fijos en la Administración andaluza que permitiera suprimir inversiones procedentes de las arcas públicas y emplear ese montante económico en fomentar medidas de conciliación laboral y familiar.
Además, este plan de sedes fijas que propone la central sindical evitaría confusiones y que la ciudadanía sepa a dónde debe dirigirse, independientemente de las reestructuraciones que se hagan desde el Gobierno de turno, para la gestión en su relación con la Administración pública.
Para el presidente del sector de AGJA, la reestructuración de las consejerías que se produce cada vez que finaliza un proceso de elecciones, o bien, tras la reciente reforma del Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno, genera una enorme incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras de la Administración autonómica por los cambios de ubicación de sus centros de trabajo.
Precisamente, un gran número de profesionales eligen destino laboral en los procesos de provisión de puestos de trabajo teniendo en cuenta la ubicación del mismo para favorecer la conciliación laboral y familiar, la reducción de gasto y el tiempo por desplazamientos, “aspectos que vuelven a ser vulnerados con estos cambios de sedes administrativas y alteran de nuevo su vida cotidiana y suponen un perjuicio en la conciliación laboral y familiar”, ha destacado Dorado.
Con la reforma anunciada el pasado 29 de julio y que afecta ocho consejerías se perjudicará a la ciudadanía y al personal que participó en el concurso del 2023 y que tomó posesión el pasado 1 de junio, sin olvidar, ha insistido Dorado, “las disputas que suelen producirse ante divisiones de las consejerías en el reparto de personal, un problema que se agrava teniendo en cuenta la escasez de personal que padece actualmente la plantilla de la Administración pública”.
Dorado ha añadido que la remodelación en las consejerías “provocará gastos innecesarios de mudanzas y demoras en el servicio a la ciudadanía” lo que, inevitablemente, generará retrasos en las tramitaciones administrativas, así como un menoscabo del servicio público por la migración de los datos y aplicaciones de los servidores informáticos y la reorganización informática, administrativa y física de los registros de presentación de documentos.
A todo ello, se suma la edición de nuevos elementos de papelería, direcciones de correo electrónico que han de sustituir a las empleadas hasta ahora; modificaciones normativas para cambiar los formularios y adaptarlos a las nuevas direcciones y consejerías y a nuevos procedimientos e instrucciones de tramitación normativa de la nueva consejería y para la contratación administrativa; cambios en los criterios de fiscalización por parte de la Intervención delegada, así como traslados de mobiliario y documentación con los riesgos de pérdida de la misma y de tiempo de trabajo.
A juicio de Dorado, lamentablemente, todas estas modificaciones “no evitarán dar una imagen institucional carente de estabilidad y provocar un impacto negativo tanto en la plantilla de empleados públicos como en la ciudadanía”.
