El actual primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda de Sevilla, Juan Bueno, se encuentra en el centro de un escándalo por el supuesto cobro de sobresueldos en cheques emitidos por el Partido Popular entre los años 2012 y 2014. Según revela Diario de Sevilla, recibió al menos trece pagos, que llegaban hasta los 1.200 euros, durante su tiempo como presidente del PP de Sevilla, delegado de Seguridad y Movilidad y portavoz del grupo municipal.
Estos pagos estarían realizados mediante cheques bancarios a nombre de Bueno, con cargo a la cuenta del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Sevilla. En ese periodo, España se encontraba en medio de la crisis económica más importante hasta el momento.
En esos momentos estaba el PP manejando una suma récord de 1,1 millones de euros procedentes de una asignación concedida al grupo municipal del Ayuntamiento de Sevilla, dirigido en ese entonces por el alcalde Juan Ignacio Zoido. Este presupuesto, que nunca antes había sido otorgado a una formación política, se utilizaba para financiar el funcionamiento y la operativa del grupo de concejales del PP, compuesto por 20 miembros.
Los cheques, que se abonaban a través de entidades bancarias como La Caixa y Cajasol, se utilizarían como complementos salariales para varios ediles, y la contabilidad del partido refleja los pagos hechos a Bueno entre los años 2012 y 2014. La cantidad de los cheques variaba según el mes y se entregarían como suplemento a su sueldo oficial, lo que ha levantado serias dudas sobre la transparencia, ética en el manejo de los fondos públicos y la responsabilidad con la Hacienda pública.
Aunque Juan Bueno ha negado en diversas ocasiones que se tratara de sobresueldos, defendiendo estos pagos como asignaciones de representación institucional, la revelación de estos hechos arroja sombra sobre su gestión en momentos clave de su carrera política, ya que, los actores de aquellos momentos son hoy principales responsabilidades del Gobierno de la ciudad de Sevilla.
En aquella época, José Luis Sanz, actual alcalde de Sevilla, era secretario general del PP en Andalucía y Zoido ostentaba la alcaldía de la ciudad, lo que refuerza las dudas sobre las prácticas internas del partido.
El escándalo adquiere mayor relevancia cuando se considera el contexto de las responsabilidades que Juan Bueno desempeñaba en el gobierno local y en la Diputación. No solo controlaba la organización del PP en Sevilla, sino que además gestionaba directamente los recursos públicos del Ayuntamiento y de la Diputación, lo que pone en evidencia posibles conflictos de intereses y un uso cuestionable de los fondos públicos destinados a la política municipal.
Presuntamente, esta actuación podría considerarse delictiva y también podría reflejarse ante un delito fiscal, en lo referente a los desvíos de los fondos públicos destinados a las organización política. La falta de claridad sobre cómo se gestionaron estos fondos, quiénes se beneficiaron de ellos, pone en tela de juicio la transparencia de la formación durante los mandatos de Zoido y Sanz.
