El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado un protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia sexual elaborado por diferentes profesionales del conjunto de las comunidades autónomas y expertas del equipo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
El objetivo general es establecer criterios comunes de actuación profesional, normalizada y homogénea, para el conjunto del SNS, respecto a la detección, valoración e intervención en casos de violencia sexual (pasada o reciente) en mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes, incluyendo los casos de hijas e hijos u otros menores a cargo de mujeres que sufren o han sufrido violencia en el ámbito de la pareja o expareja.
Estas pautas se constituyen con la intención de disponer de una atención sanitaria integral (física, psicológica y social) ágil, respetuosa y eficaz para todas aquellas personas que hayan sufrido, sufran o puedan sufrir violencia sexual, con especial interés en la actuación en los casos de personas en contextos de mayor vulnerabilidad, con el objetivo de minimizar el impacto generado y asegurando su recuperación.
Este protocolo además cuenta con los siguientes objetivos específicos, como garantizar una actuación coordinada con las y los medicas/os forenses de los Institutos de Medicina Legal y Forense y una atención integral a las víctimas de violencia sexual (reciente y pasada), en el marco de equidad y cohesión para el conjunto del SNS.
También, sensibilizar y formar al personal sanitario del SNS. Actualizar el conocimiento basado en la experiencia y la evidencia científica de los últimos años, proporcionando al personal sanitario herramientas comunes para la toma de decisiones e intervención sanitaria integral, humanizada y de calidad en los casos de violencia sexual.
Promover el empoderamiento y la capacitación de quienes han sufrido o sufren violencia sexual en el servicio sanitario, procurando: un espacio de intimidad y confidencialidad adecuado durante las exploraciones, la recogida de muestras en un acto único, incluyendo la emisión del parte de lesiones, el registro en la historia clínica y el seguimiento de derivaciones y consultas.
Contribuir con su implementación a mejorar la investigación sanitaria en materia de violencia sexual, con relación a la efectividad y eficiencia de las intervenciones sanitarias realizadas.
Promover mayor sensibilidad en el conjunto de profesionales de la salud sobre aspectos específicos, que en materia de violencia sexual es necesario tener presente en la actuación sanitaria con personas en contextos de mayor vulnerabilidad que puedan suponer mayor riesgo añadido de no respeto a sus derechos como: discapacidad, problemas de salud mental, migración, identidad sexual y otros, que puedan suponer un riesgo añadido de que sus derechos no sean respetados.
Cabe destacar dos ámbitos desde los que es especialmente relevante la difusión y aplicación de este protocolo: en primer lugar, desde Atención Primaria, por su proximidad y contacto cercano y continuado con la población, que se traduce en una mayor capacidad y probabilidad de detección de la violencia sexual. Y, en segundo lugar, desde Atención Hospitalaria, donde sus profesionales pueden mantener una actitud activa y de alerta (sobre todo en servicios de urgencias y en especialidades como Ginecología y Obstetricia y/o Pediatría y Salud Mental), pudiendo realizar preguntas exploratorias ante una sospecha para mejorar la detección y la calidad de la atención que se ofrece.
