En la mañana del martes 26 de julio hemos conocido la confirmación por parte del Tribunal Supremo (TS) de la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el conocido como el ‘caso ERE’.
Mientras que Chaves fue sentenciado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, Griñán fue condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación, lo que sitúa al ex presidente a un paso de entrar en la cárcel por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
El alto tribunal ha emitido el fallo sin conocerse el emitido por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Eduardo de Porres (ponente), Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo; que no se sabrá hasta que el voto discrepante anunciado por estas dos últimas esté redactado.
Según el avance del TS, las magistradas Ferrer y Polo consideran que se deberían haber estimado parcialmente los recursos presentados por Griñán, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez; en el sentido de haber sido absueltos por el delito continuado de malversación de caudales públicos.
Las fuentes jurídicas, consultadas por Europa Press, señalan que la ejecución de la sentencia, que implicaría la entrada de Griñán en prisión, compete a la Audiencia Provincial de Sevilla, que fue el órgano jurisdiccional que dictó la condena confirmada ahora por el TS.
Sin embargo, para ello deberá recibir el fallo íntegro del Supremo, un texto que no se espera que esté redactado y notificado antes de septiembre, debido al habitual parón de agosto en el ámbito judicial.
Además, apuntan las citadas fuentes, hay que tener en cuenta que los condenados podrían solicitar al TS una aclaración de la sentencia, lo que retrasaría aún más la materialización de las penas impuestas.
El abogado de Griñán, José María Calero, ha anunciado este mismo martes, en declaraciones a Europa Press, que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) y, en última instancia, solicitarán el indulto.
De ser así, para acudir a la corte de garantías tendrá que completar antes un último trámite ante el Supremo, planteando un incidente de nulidad que tendrá que resolver la Sala de lo Penal, por lo que su eventual entrada en la cárcel se seguiría dilatando.
Las fuentes explican que junto al recurso de amparo podrá pedir al TC que suspenda la ejecución de la condena. No obstante, el Constitucional no suele frenar la entrada en prisión cuando la pena supera los cinco años de privación de libertad, como es el caso.
En un reciente auto del pasado 16 de junio, el TC expone que esto es así porque las penas superiores a cinco años se consideran «graves», aunque añade que la jurisprudencia constitucional también tiene en cuenta otros criterios como «la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados y el bien jurídico protegido, su trascendencia social«.
«Circunstancias que expresan la reprobación que el ordenamiento asigna al hecho delictivo y, por consiguiente, la magnitud del interés general en su ejecución«, indica el Tribunal Constitucional en dicho auto, al que ha tenido acceso Europa Press.
El TC aclara que «existen algunos supuestos en los que excepcionalmente se ha accedido a su suspensión, atendiendo al tiempo de cumplimiento efectivo que reste por el cumplimiento previo de una parte sustancial de la pena impuesta».
Fue en 2019 cuando la Audiencia de Sevilla condenó a Griñán a 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y 2 días, mientras que Chaves fue sentenciado a 9 años de inhabilitación especial.
Durante la vista celebrada los días 4 y 5 de mayo para estudiar los recursos de casación, la Fiscalía pidió al alto tribunal que confirmara las condenas impuestas a casi una veintena de ex cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los dos ex presidentes.
Para el Ministerio Público, ha quedado probado que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control«, propiciando un sistema «prevaricador» donde «cada uno de ellos colaboró para la consecución del fin conjunto».
En aquellas vistas, la defensa de Griñán pidió al TS que le absolviera de los delitos de prevaricación y malversación al considerar que en los hechos probados no consta «ninguna irregularidad» del entonces consejero de Hacienda ni que tuviera conocimiento de ello ni tampoco «ánimo de lucro». «No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos», dijo su abogado.
La defensa de Chaves solicitó igualmente su absolución del delito de prevaricación escudándose en sentencias anteriores del Supremo para defender que los dos acuerdos relativos a los anteproyectos de los Presupuestos andaluces (que aprobó cuando estaba en el Consejo de Gobierno) no pueden considerarse actos administrativos sino actos políticos, por lo que, a juicio de la defensa, no sería aplicable el delito de prevaricación.
El TS ha estimado totalmente tres recursos de casación acordando absolver del delito continuado de prevaricación administrativa a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina. Los dos primeros fueron condenados a 9 años de inhabilitación especial, mientras que ella recibió la misma pena en la cuantía de 8 años, 6 meses y 1 día.
Además, ha estimado parcialmente el recurso formulado por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, condenándole por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, pero apreciando la atenuante de reparación del daño.
Así su pena pasa de 7 años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta a 3 años de prisión, otros tantos de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo y 7 años y 6 meses de inhabilitación absoluta.
El Supremo también ha ratificado las restantes condenas, incluidas las de ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía que recibieron penas de cárcel que oscilaban entre los 6 y los 8 años de prisión dentro de la pieza política del ‘caso ERE’.
