En política internacional, las palabras suelen vestir ropajes solemnes. Libertad, democracia, derechos humanos. Son términos que evocan principios universales, casi morales. Sin embargo, como advertía Antonio Gramsci, la hegemonía rara vez se impone sólo con fuerza: necesita también de un relato que la legitime.
Ese relato vuelve a escucharse hoy desde Washington.
Mientras un grupo internacional de expertos acusa al gobierno de Nayib Bukele ante la Organización de las Naciones Unidas por posibles crímenes de lesa humanidad, en la Casa Blanca el presidente Donald Trump mueve otra pieza del tablero latinoamericano: Cuba. A primera vista parecen dos episodios distintos. En realidad, ambos revelan una misma lógica histórica: la democracia como discurso; el interés estratégico como motor real.
El informe presentado ante Naciones Unidas describe un panorama profundamente inquietante en El Salvador. Bajo el régimen de excepción instaurado por el gobierno de Bukele, más de 90.000 personas han sido detenidas desde 2022 en nombre de la guerra contra las pandillas. Para el Ejecutivo salvadoreño, se trata de una victoria histórica contra el crimen organizado; para juristas y observadores internacionales, podría constituir un patrón sistemático de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal.
La reacción internacional, sin embargo, ha sido desigual. Y Washington vuelve a demostrar que los derechos humanos, en su diplomacia, funcionan más como herramienta retórica que como principio universal.
La historia latinoamericana conoce bien ese mecanismo. Desde la intervención en Guatemala en 1954 hasta el golpe militar en Chile en 1973, pasando por la red represiva transnacional conocida como Operación Cóndor, Estados Unidos ha respaldado o tolerado gobiernos autoritarios siempre que estos garantizaran estabilidad política y alineamiento geopolítico. La defensa de la libertad servía entonces —como ahora— como envoltorio moral de decisiones estratégicas.
Hoy el escenario se desplaza hacia el Caribe.
En medio de una grave crisis energética y económica en la isla, el presidente cubano Miguel Díaz‑Canel pronunció recientemente un discurso en el que confirmó contactos con Washington para explorar vías de diálogo en la relación bilateral. Cuba atraviesa una situación delicada: la reducción de envíos de petróleo desde Venezuela y México ha provocado apagones, restricciones de transporte y un deterioro económico que presiona a las autoridades de La Habana.
Díaz-Canel insistió en que cualquier negociación debe producirse “sobre bases de respeto mutuo, igualdad soberana y no injerencia”. Pero la paradoja es evidente. Mientras el discurso estadounidense insiste en la necesidad de una transición democrática en la isla, en círculos cercanos a la administración Trump se discuten fórmulas para abrir gradualmente la economía cubana sin exigir necesariamente una ruptura inmediata con la estructura política heredada del castrismo.
En otras palabras: negociar el mercado antes que la democracia.
Aquí aparece una vieja lección de la filosofía política. Cicerón advertía que el poder tiende a corromper el lenguaje público, y pocas expresiones han demostrado tanta elasticidad como la “defensa de la libertad” cuando se trata de justificar decisiones geopolíticas.
En ese teatro diplomático, América Latina ha sido durante décadas un escenario recurrente. Washington proclama principios universales mientras calcula variables mucho más terrenales: petróleo, comercio, influencia estratégica y oportunidades de negocio.
No se trata únicamente de ideología. También de intereses.
Como escribió José Ortega y Gasset, los imperios suelen presentarse a sí mismos como portadores de una misión civilizadora, incluso cuando sus decisiones responden a motivaciones mucho más prosaicas. La historia demuestra que el lenguaje moral puede convivir perfectamente con estrategias de poder cuidadosamente diseñadas.
Por eso el momento actual resulta tan revelador.
Por un lado, un aliado regional —El Salvador— acusado ante la ONU de abusos sistemáticos bajo un régimen de excepción. Por otro, una superpotencia que redefine su política hacia Cuba en función de equilibrios estratégicos y oportunidades económicas.
El resultado recuerda una vieja escena de la política internacional: el imperio hablando de virtud mientras calcula beneficios.
Porque, al final, la pregunta no es si Washington cree realmente en la democracia.
La pregunta es más incómoda.
¿Qué ocurre cuando la democracia deja de ser un principio… y se convierte simplemente en una herramienta de negociación?
