La comunidad ingresa un 56% más por el Impuesto de Patrimonio tras la intervención del Gobierno actual de Pedro Sánchez y el efecto del gravamen a las grandes riquezas
La recaudación procedente de las grandes fortunas en Andalucía ha experimentado un fuerte incremento en el último ejercicio, en un contexto marcado por los cambios fiscales impulsados desde el Gobierno central y la adaptación normativa de la comunidad autónoma.
Según datos difundidos en medios y redes, la Junta ha ingresado un 56% más por el Impuesto de Patrimonio, a pesar de que inicialmente había apostado por su práctica eliminación mediante bonificaciones fiscales.
Este aumento se explica, en gran medida, por la entrada en vigor del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, aprobado en 2022 para gravar patrimonios superiores a tres millones de euros. La medida estatal obligó a comunidades como Andalucía a modificar su política fiscal para evitar que la recaudación se trasladara directamente al Estado.
Un efecto rebote en las arcas autonómicas
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, señala que este impuesto ha tenido un “efecto benéfico” en la recaudación, al provocar que regiones que habían reducido el tributo autonómico recuperen ingresos. En el conjunto de España, la recaudación del Impuesto de Patrimonio creció cerca de un 58% en 2023, alcanzando los 1.970 millones de euros.
En el caso andaluz, este fenómeno se traduce en un giro fiscal: tras aplicar bonificaciones casi totales, la comunidad ha tenido que reintroducir mecanismos de gravamen para evitar perder esos recursos frente a la Hacienda estatal.
Desde la propia administración autonómica se reconoce que la creación del impuesto estatal ha obligado a reformular la normativa del Patrimonio, introduciendo nuevas disposiciones y ajustes para compatibilizar ambos tributos.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda continúa afinando el diseño del impuesto a las grandes fortunas para reforzar su eficacia y equidad. Entre las últimas medidas figura la corrección de desigualdades fiscales entre residentes y no residentes, con el objetivo de consolidar la recaudación y evitar vacíos legales.
El incremento de ingresos reabre el debate sobre la fiscalidad autonómica y el llamado “dumping fiscal” entre territorios. La coexistencia entre impuestos estatales y autonómicos ha provocado que comunidades que buscaban atraer grandes patrimonios mediante rebajas fiscales se vean ahora obligadas a reconsiderar su estrategia.
