El Servicio Andaluz de Salud (SAS) vuelve a estar en el centro del debate público tras la imputación de uno de sus altos cargos, Demetrio González Mera, director económico central de compras en Cádiz, por presuntas irregularidades en contratos públicos que ascienden a 235 millones de euros. La citación de González Mera como investigado, tras las declaraciones de interventores que confirmaron prácticas ilegales en los contratos del SAS, ha reavivado la presión política sobre el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla.
González Mera fue inicialmente llamado como testigo, pero su situación procesal cambió después de que dos interventores de la Junta de Andalucía ratificaran los informes que señalaban la fragmentación de contratos en 175 expedientes durante 2021, con un total de 135.767 facturas tramitadas. Esta fragmentación habría sido utilizada para eludir principios clave de la Ley de Contratos del Sector Público, como la publicidad y la concurrencia, lo que apunta a un posible fraude de ley.
No se trata de un caso aislado, ya que la actual gerente del SAS, Valle García, así como sus predecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, también están siendo investigados en procedimientos paralelos relacionados con la adjudicación directa de contratos de emergencia por 234 millones de euros desde la sede central en Sevilla.
La indignación social y la exigencia de explicaciones
El escándalo ha provocado una fuerte reacción social, con manifestaciones en toda Andalucía, especialmente en Sevilla, donde miles de personas salieron a las calles exigiendo «más inversión y menos corrupción». Durante las protestas, se corearon lemas que reclamaban explicaciones ante la sospecha de que los millones de euros destinados a servicios esenciales podrían haberse adjudicado de manera irregular. La indignación popular ha colocado al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en el punto de mira, exigiendo transparencia y responsabilidad política inmediata.
La coincidencia temporal entre las imputaciones de altos cargos del SAS y las movilizaciones ciudadanas ha amplificado el clima de alarma sobre la opacidad en la gestión sanitaria. A pesar de la creciente presión, Juan Manuel Moreno Bonilla ha evitado ofrecer explicaciones públicas detalladas sobre el caso, lo que ha alimentado aún más la polémica. La pregunta que se plantea ahora es: ¿debería el presidente de la Junta de Andalucía ofrecer explicaciones públicas sobre el presunto fraccionamiento irregular de contratos en el Servicio Andaluz de Salud?
La postura cambiante de la Junta de Andalucía
La respuesta de la Junta de Andalucía ante el escándalo ha sido cambiante. Inicialmente, se intentó personarse como perjudicada en el caso, pero recientemente ha solicitado ser considerada responsable civil subsidiaria, lo que ha intensificado el escrutinio público y político. La salida del anterior director económico del SAS, José Antonio Miranda, ha añadido más presión a un asunto que, según algunos expertos, podría ser solo «la punta del iceberg».
La denuncia original fue presentada por Podemos Andalucía, que advierte de que el volumen económico bajo investigación podría ser solo una pequeña parte de un problema mucho mayor. La indignación social sigue creciendo, alimentada por la sensación de que los fondos públicos destinados a la sanidad podrían haber sido mal gestionados o malgastados.
La crisis de la sanidad pública en Andalucía
Este escándalo no ocurre en un vacío. La sanidad pública en Andalucía ya atraviesa una grave crisis, marcada por la falta de recursos humanos y materiales en hospitales y centros de salud. La manifestación masiva en Sevilla, en la que participaron decenas de miles de ciudadanos, no solo puso en evidencia la creciente desconfianza en la gestión de los fondos públicos, sino también la precariedad de la atención sanitaria en la comunidad.
Las demandas de los manifestantes no solo se centraron en la corrupción y la mala gestión de los recursos, sino también en la necesidad urgente de una reforma que garantice una sanidad pública de calidad para todos los andaluces. El escándalo de los contratos del SAS ha sumado combustible a una situación ya tensa, dejando en evidencia que la desconfianza hacia las instituciones políticas sigue en aumento.
¿Qué sigue?
Mientras la investigación judicial sigue su curso y más altos cargos del SAS enfrentan imputaciones, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, enfrenta un creciente clamor por parte de la ciudadanía y los partidos de la oposición para que ofrezca respuestas claras y detalladas. La pregunta clave sigue siendo: ¿tomará el presidente las riendas de esta crisis y ofrecerá las explicaciones que tanto se demandan, o continuará eludiendo la responsabilidad política?
El tiempo dirá si el caso se convierte en una mancha permanente en la gestión de la sanidad pública andaluza o si, por el contrario, el Gobierno de la Junta de Andalucía logra reconducir la situación y restaurar la confianza de los andaluces en sus instituciones.
