Son muchas las razones por las que casi 260 millones de personas decidieron viajar a Andalucía durante la última década. No es un secreto que la región del sur de Europa bañada por más de 800 kilómetros de costa es capaz de mostrar a quienes la visitan, también a quienes tenemos el privilegio de vivirla, una oferta tan heterogénea como atractiva. La Historia de esta tierra y las civilizaciones que la habitaron en el pasado han dejado una huella propia. Un singular legado cultural que se traduce en cada manifestación artística, cada elemento arquitectónico, cada tradición, cada herencia y, desde luego, también en la riqueza y la diversidad con que cada zona construye su identidad a través del lenguaje.
Sin embargo, ni el particular acento de su comunidad, ni sus grandes iconos monumentales, tampoco los numerosos y extraordinarios encuentros con la tradición y el folclore andaluz, han sido capaces de acaparar de una forma tan persistente los titulares en la prensa internacional durante los últimos meses. El gran protagonista de la actualidad informativa está estrechamente relacionado con el patrimonio natural de esta tierra, Doñana.
Pero, el paraíso del sur del viejo continente, el gran espacio protegido presente en tres provincias y once municipios andaluces, la mayor reserva ecológica de Europa, el vergel de más de novecientas especies de flora y cuatrocientas de fauna, el refugio del felino más amenazado del planeta no ha dado la vuelta al continente para mostrar su máximo esplendor sino, más bien, su mayor debilidad: la mano del hombre disfrazado de institución.
La controvertida proposición de ley impulsada por el PP-A, la opción conservadora con mayoría absoluta hoy en el Parlamento andaluz, y los ultraconservadores de VOX ha ubicado en el centro de la polémica al Parque Nacional, impactando de lleno en su reputación y, en consecuencia, en la de la marca Andalucía y la marca España.
La propuesta resulta un verdadero galimatías, pues plantea la ampliación de las hectáreas de regadío en el entorno de Doñana cuando no se dispone de lo principal, el recurso natural para llevar a cabo el riego: el agua. Además, existen toda una serie de condicionantes legales y técnicos que impiden la ejecución del objeto de la futura Ley, entre los que se encuentran la recomendación de la UNESCO, que pide que se respete el Plan de la Corona Forestal en su estado actual, o el Plan del Guadalquivir que imposibilita nuevos regadíos en toda la demarcación, incluido Doñana.
El secretario de Estado de Medio Ambiente de España, Hugo Morán, en una reciente entrevista concedida a elDiario.es Andalucía, instaba a retirar una ley que “no es negociable” y enumeraba los diversos frentes abiertos que el Parque afronta: el impacto del cambio climático, el retraso en la ejecución de inversiones, la ley del trasvase o la sobreexplotación del acuífero.
No parece, a priori, que esta norma, que se dilata en el tiempo (inició su tramitación parlamentaria en febrero de 2022) y que ha sobrevivido a varias citas electorales, vaya a resolver ninguna de las amenazas a las que Doñana se enfrenta. Más bien todo lo contrario. Y es, en esa especie de huida hacia delante emprendida por el gobierno de la Junta de Andalucía, cuando se anunciaba hace escasos días, a bombo y platillo, la adquisición de una finca privada de 7.500 hectáreas para «blindar Doñana frente al cambio climático». Una decisión que aplaudían los socialistas andaluces y el gobierno de España, a la vez que insistían en que esa no era la solución al problema.
Asistimos a una verdadera batalla campal de duras acusaciones cruzadas entre administraciones que ahogan el panorama político andaluz en niveles máximos de crispación. A favor, los partidos impulsores de la proposición de Ley, PP y VOX y los regantes potencialmente beneficiados por una ampliación en las hectáreas de regadío. En contra, la izquierda representada en el arco parlamentario andaluz, PSOE, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía, grupos ecologistas, entre los que destaca WWF, los hoy denominados “regantes legales”, gran parte de la comunidad científica con voces tan autorizadas como la del biólogo Miguel Delibes, el Ministerio de Transición Ecológica, las instituciones europeas y numerosos europarlamentarios.
En medio, en una incómoda posición, alcaldes cuyas mayorías dependen de, entre otros, los votos agrícolas. Y, al margen, una ciudadanía que, atónita, presencia una vez más el incierto baile de cifras que políticos de uno y otro signo se lanzan cuantificando esfuerzos, inversiones y hectáreas.
Nada ajena a esta disputa, está la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo responsable de la gestión del agua en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y en las demarcaciones de Ceuta y Melilla. Fue esta corporación una de las primeras voces en advertir y alzar la voz contra la futura norma. No en vano, pasó de clamar en el desierto de la opinión andaluza a sumar paulatinamente más posiciones críticas con la proposición.
Ante la advertencia de la UNESCO sobre el riesgo que entraña la Ley de regadías en trámite y la posible incorporación de Doñana en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se encuentra hoy inmersa en la ingente tarea de combatir la sobreexplotación de los acuíferos. Centrado en aquello que sus competencias le permiten, el ente está llevando a cabo, entre otras medidas, el cierre de pozos ilegales en la zona, con una cifra prevista de más de 400 antes de que finalice el año.
El próximo martes, el Parlamento andaluz afrontará el debate sobre el dictamen de ley de regadíos de Doñana como paso previo a su aprobación. Será ahora, sometida al final del trámite parlamentario, cuando la iniciativa que ha desatado la guerra del agua desemboque en una realidad o quede en el simple papel mojado que cumplió su función electoralista. Por si acaso, desde el Ministerio de Transición Ecológica son contundentes y advierten de que, si la ley se aprueba, presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional de forma inmediata.
Todo apunta a que aún queda un largo camino hasta que el temporal amaine y las aguas vuelvan a su cauce. Y, mientras cada cual se afana en interpretar su papel, lo último que debería ocurrir es que esta auténtica maravilla de la naturaleza, cuya titularidad el devenir del tiempo balanceó de manos privadas a públicas, quedara tocada y hundida por el caprichoso manoseo político o por las erróneas decisiones de aquellas instituciones que se erigen en representación ciudadana.
