Este lunes la Diputación de Granada ha aprobado en sesión plenaria sus presupuestos para el próximo año 2023. Los grupos de PSOE, Ciudadanos e IU han votado a favor. PP y UP se han abstenido, mientras que Vox ha votado en contra.
Las cuentas para el Presupuesto General de la institución provincial superan los 350 millones de euros y tienen como objetivo «reforzar la protección social, apoyar a los sectores productivos y la lucha contra la despoblación».
El montante que ha sido aprobado incluye además el presupuesto del Patronato García Lorca y el de sus organismos autónomos Cemci (Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional); la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, la sociedad Visogsa, el Patronato de Turismo y el Servicio Provincial tributario.
La Diputación de Granada contará con 318,5 millones de euros, un aumento de más del 12 por ciento en estado de ingresos respecto a este ejercicio y en estado de gastos asciende a la cantidad de 316,4 millones, un 5,37 por ciento más que en el ejercicio de 2022.
Según el diputado provincial de Economía y Patrimonio, Antonio García Leiva, el Presupuesto para 2023 refuerza las políticas sociales, las inversiones para apoyar la economía local y las actuaciones encaminadas a revertir la despoblación, con políticas de discriminación positiva para los municipios que están en riesgo de perder habitantes.
«El presupuesto para 2023 combina el esfuerzo social que tuvo el de 2022, el más social en términos netos de la historia de la Diputación, con una más que evidente voluntad de inversión y desarrollo económico en la provincia», ha señalado García Leiva.
«Una vez que ha remitido la emergencia sanitaria, nuestro objetivo es impulsar social y económicamente el desarrollo provincial que permita amortiguar la presente inflación, aumentar al máximo la protección social y crear las mejores condiciones para remontar rápida y eficientemente el presente momento de incertidumbre generado por la situación mundial», ha precisado.
Las inversiones previstas ascienden a más de 47,2 millones, cantidad a la que hay que añadir diferentes partidas incluidas en el capítulo de gastos, como el plan de conservación de carreteras, que asciende a 6 millones o la partida para conservación de las EDAR, dotada con 540.000 euros.
Las inversiones reales experimentan un incremento del 14,14 por ciento respecto a las consignadas en este ejercicio y también aumentan las transferencias de capital a entidades locales, que suben un 7,25 por ciento.
Entre las inversiones destacan los más de 7,2 millones que se destinan a los Planes Provinciales de Obras y Servicios, el plan de caminos vecinales, con dos millones, el plan de carreteras, con un millón, las ayudas para el ciclo integral del agua, con varias partidas que suman 3,7 millones, el plan de mejora de cuarteles de la Guardia Civil, con 100.000 euros, el programa de patrimonio arqueológico y paleontológico rural, con 300.000 euros, los proyectos especiales y la materiales del PFEA, con más de 11,6 millones o el Plan de Instalaciones Deportivas, que se incrementa con 500.000 euros y pasa de dos millones a 2,5.
Destacan igualmente las partidas que tienen como objetivo luchar contra la despoblación, que se realiza desde las diferentes áreas de la Diputación. En este sentido, el presupuesto prevé más de 900.000 euros para colaborar con los ayuntamientos en la ejecución de acciones incluidas en la Agenda Urbana y Rural de la provincia, además de una partida de 450.000 euros para poner en servicio la Oficina de Reto Demográfico y para implantar una red de agentes comarcales.
También incluye partidas para acciones de apoyo al tejido empresarial de la provincia, para lo que se va a crear la oficina Acelera PYME, que impulsará la digitalización de las pequeñas y medianas empresas rurales y que estará cofinanciada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (256.226 euros).
Las cuentas para 2023 recogen acciones específicas para la mujer rural, como la línea de ayudas que se realiza desde el área de Igualdad para mujeres emprendedoras en municipios de menos de 5.000 habitantes, e incorporan líneas de apoyo al tejido empresarial a través de convenios y proyectos con las cámaras de comercio de Granada y Motril, que suman más de 137.000 euros y actuaciones para promocionar el sector agroalimentario y a la marca Sabor Granada, cuyo presupuesto pasará de 449.500 euros a 687.747.
Aumentan igualmente las partidas del área de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, que registra un aumento significativo para incentivar en los municipios de la provincia los principales festivales granadinos, y de Administración electrónica, que destina casi 2 millones para proporcionar a los ayuntamientos las herramientas y servicios más novedosas para atender a la ciudadanía.
También se incrementa el presupuesto de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios por la incorporación del Parque de Bomberos de Guadix, cuya gestión será de la agencia a partir de 2023, y para dotar con 525.000 la aportación de la Diputación al Consorcio de Bomberos para el retén de bomberos de la estación de Sierra Nevada.
En el área de Medio Ambiente y Protección Animal cabe destacar un aumento de más de 3 millones para el tratamiento de residuos, con nuevas implementaciones en la recogida y reciclaje de residuos sólidos.
Las políticas sociales son «el principal objetivo de los presupuestos para 2023, en los que 4 de cada 10 euros serán invertidos en la protección social».
Resulta significativo el aumento de la prestación de Ayuda a Domicilio derivado de la ley de Dependencia, con un incremento del 10 por ciento respecto a 2022. En este caso, la inversión pasa de 73.584.000 euros a 80.592.200 para el ejercicio presupuestario 2023.
Los programas de Inclusión social, destinados a cubrir necesidades de urgencia social y a la contratación de técnicos de inclusión social, se incrementan en un 5 por ciento respecto a 2022.
También aumentan las ayudas destinadas al movimiento asociativo, a la Cooperación Internacional y a la atención a las drogodependencias para reforzar las actuaciones dirigidas a la prevención de drogodependencias y para dar respuesta a las necesidades que presentan algunas mujeres drogodependientes de la provincia, más vulnerables y carentes de recursos tanto económicos, como personales y sociofamiliares. En este caso, se trata de facilitar de manera temporal un alojamiento y acompañamiento en su tratamiento.
