A partir de ahora, inscribir en el Registro Civil a un bebé nacido mediante gestación subrogada en otro país dejará de ser un trámite automático, incluso aunque se aporte una resolución judicial extranjera que valide el contrato. Así lo establece la nueva instrucción del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que será publicada próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La medida supone un giro normativo que impide a ciudadanos españoles registrar directamente a niños nacidos por vientre de alquiler en el extranjero, salvo que se demuestre un vínculo biológico con el progenitor o se tramite una adopción conforme al derecho español.
El objetivo del cambio legal, según fuentes del Gobierno, es evitar la instrumentalización del cuerpo de la mujer y proteger al menor frente a prácticas de mercantilización, dando respuesta a una reclamación histórica del movimiento feminista y de asociaciones por los derechos de la infancia.
Alineamiento con el Tribunal Supremo y el TEDH
La nueva instrucción responde a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en una sentencia de diciembre de 2024 denegó por primera vez el exequatur a una resolución judicial de EE.UU. que avalaba un contrato de gestación subrogada. El alto tribunal consideró que este tipo de contratos vulneran el orden público español al cosificar a la mujer gestante y al menor, y son contrarios a principios fundamentales recogidos en la legislación nacional.
Asimismo, el Ejecutivo afirma que la instrucción está alineada con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que reconoce el derecho de los Estados a limitar o dificultar la gestación subrogada si está prohibida en su normativa interna.
Contexto europeo y cifras
España se suma así a países como Alemania, Francia o Italia, donde esta práctica está igualmente prohibida. Instituciones como el Parlamento Europeo también han señalado su rechazo, al considerar la subrogación contraria a la dignidad de la mujer.
A pesar de la prohibición vigente en España desde 2006, el número de inscripciones de bebés nacidos por vientre de alquiler no ha dejado de crecer. En 2024, se registraron 154 casos en el Registro Civil español gracias a resoluciones judiciales extranjeras. La nueva instrucción cierra esta vía.
