El PSOE de Andalucía vuelve a reclamar la información solicitada hace meses a Moreno Bonilla y su Gobierno sobre sus dudosas contrataciones sanitarias de emergencia, por un montante global de 243 millones de euros y durante dos años en los que la excepcionalidad legal por la pandemia ya no existía.
La portavoz socialista de Salud, María Ángeles Prieto, volverá a pedir esta semana en comisión parlamentaria a la consejera del ramo, Catalina García, acceso inmediato a estos datos, alertando de que el Ejecutivo del PP se niega a entregar la documentación hasta después de las elecciones municipales.
María Ángeles Prieto ha recordado que el PSOE andaluz ha solicitado formalmente información detallada sobre este espinoso asunto “y hasta el momento no se ha producido”, insistiendo en que la última petición formal fue el 14 de marzo y denunciando que la Consejería de Salud “no permitirá hasta el día 30 de mayo, después de las elecciones municipales, al Grupo Socialista acceder a la revisión de la documentación de este caso”.
Ha explicado que esta misma semana el PSOE de Andalucía lleva a la comisión de Salud la situación de los contratos de emergencia del Gobierno del PP “para volver a pedir explicaciones a la consejera de Salud sobre este turbio asunto”.
La representante socialista ha remarcado que se trata de contratos realizados “sin marco legal, a”. “A través de estos contratos irregulares se desviaron a clínicas privadas 243 millones, mediante prorrogas de un contrato inicial de 70 millones que se extienden hasta junio de 2023”, ha expuesto, incidiendo especialmente en que las tarifas aplicadas en estas adjudicaciones sanitarias de emergencia “no se ajustaron a las tarifas vigentes y suponen precios al alza en la mayoría de procedimientos”.
En comisión parlamentaria, María Ángeles Prieto pedirá explicaciones a la consejera de Salud del Gobierno de Moreno Bonilla sobre estos contratos irregulares, sobre las tarifas aplicadas y sobre las clínicas privadas que se han beneficiado de este procedimiento irregular.
También demandará, según ha asegurado, aclaraciones sobre “el escaso impacto de dichos contratos con clínicas privadas en las listas de espera, que lejos de disminuir siguen aumentando y que nos sitúan como la primera comunidad autónoma en personas esperando una consulta hospitalaria y la segunda en lista de espera quirúrgica”.
