El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, habría dado marcha atrás en su decisión de limitar al secretario general del consistorio en sus actuales funciones.
La decisión, que estaba previsto fuera tomada en la Junta de Gobierno celebrada el pasado día 13 de octubre, habría sido retirada el mismo día y también excluida sin mayores explicaciones ayer de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Recursos Humanos. La primera intención de la nueva corporación, liderada por el Partido Popular, implicaba la creación de la plaza para un segundo secretario en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), además de la modificación de las funciones del oficial mayor (cargo que actualmente desempeña funciones delegadas por el secretario general).
Por tanto, el pleno que tendrá lugar el próximo jueves no incluirá entre los puntos a tratar en su orden del día la controvertida decisión.
El actual secretario general Luis Enrique Flores Domínguez, destacado jurista y miembro de Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, viene desempeñando desde el año 2008 de forma ininterrumpida sus funciones en el Ayuntamiento de Sevilla. La intención de Sanz ha tenido una lectura muy crítica en distintos sectores por tratarse la figura del secretario general de un funcionario de habilitación nacional, un fedatario público cuyas funciones se centran en el control de la legalidad de la actuación administrativa. Podría entenderse la decisión, de alguna manera, como un intento de controlar al órgano controlador.
Aunque los populares niegan que el nuevo cargo tuviera ya nombre y apellidos, lo cierto es que circulaba como posible candidato Antonio Díaz Arroyo, actual secretario general del pleno del Ayuntamiento de Marbella, quien con anterioridad ya habría desempeñado las funciones en ayuntamientos como el de Ayamonte, Almonte y Tomares, municipio del que José Luis Sanz fue regidor hasta las últimas elecciones municipales cuando dio el salto a la gran capital.
Para el nuevo nombramiento se habrían reservado las funciones de secretario de la Junta de Gobierno y de la Gerencia de Urbanismo, justo los órganos donde se abordan los grandes asuntos de la ciudad.
La polémica se acentuó por la presión de la oposición, liderada por el PSOE, que argumenta que detrás de esta decisión abortada estaría la postura manifiestamente contraria del actual secretario, Luis Enrique Flores, sobre proyectos como el Estadio Benito Villamarín o el uso residencial de los suelos de Tablada. Posición que, por otra parte, ya venía manteniendo de forma firme desde que gobernasen los socialistas en la anterior legislatura.
