Treinta y siete asociaciones pertenecientes al colectivo LGTBI, con presencia en todas las provincias, han formalizado una queja dirigida a las titulares de las consejerías competentes en igualdad y en educación, Loles López y Patricia del Pozo, así como al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. En el documento, consistente en un manifiesto de adhesión, muestran su enérgico rechazo ante la publicación por parte del Gobierno andaluz de una guía para la educación afectiva y sexual en las familias discriminatoria.
Según denuncia el colectivo, el manual incluye “prejuicios y estereotipos que consolidan comportamientos sexistas y discriminatorios hacia las personas LGTBI además contener afirmaciones directamente LGTBIfóbicas y contrarias a la legislación autonómica y estatal”.
Las asociaciones firmantes abundan en detallar cada una de las cinco normas y leyes que se estarían presuntamente vulnerando y cita, entre otros daños, la invisibilización que el texto hace de parte del colectivo, de todas las personas no binarias y de las personas intersex. Así como la propia “invisibilización y vulneración de las personas trans y su derecho a la autodeterminación de género.”
Acusan a la Junta de Andalucía de presentar “una realidad distorsionada e incompleta que invalida la guía como recurso educativo” e instan a la administración autonómica a modificar la llamada Guía Educomunicativa para Familias destinada a la Educación Afectiva y Sexual y adecuarla a criterios que no invisibilicen al colectivo LGTBI y evite los prejuicios y estereotipos y solicitan el amparo del Defensor del Pueblo.
La denuncia, que fue registrada el pasado 5 de marzo, no ha recibido respuesta alguna hasta el momento por lo que las asociaciones valorarán posibles acciones futuras ante el que consideran un asunto “de suma gravedad” para el colectivo.
