No falta a su cita anual. Igual que los cumpleaños que, aunque lo celebramos en un concreto día, lo cierto es que lo vamos cumpliendo día a día, lo mismo sucede con nuestra cita con la administración tributaria, que día a día y mes a mes nos va pellizcando, y siempre en la misma fecha nos recuerda de nuevo nuestra obligación de ajustar cuentas. ¡Y que sea así por muchos años más!
Así es, nos encontramos en los albores del inicio de una nueva campaña de la declaración anual del IRPF, que se iniciará el próximo 3 de abril. Nueva llamada a la corresponsabilidad fiscal de la ciudadanía con el deber de cumplir con nuestra obligación de hacer balance fiscal y presentar nuestra declaración anual.
Pero este año llegamos a ella en un entorno nada propicio porque, queramos o no, la cita nos recuerda aquello de “hacienda somos todos” pero las recientes informaciones relativas a los casos de los presuntamente aprovechados Koldo-Ábalos y Alberto González-Ayuso hace que pensemos -no sin razón- que está muy bien, pero que unos más que otros, y mientras yo a lo mío.
Normalmente con el inicio de la campaña anual de la renta se despliega una potente campaña divulgativa explicativa de la misión y el propósito del impuesto, centrada en las excelencias del destino de nuestro esfuerzo contributivo para financiar una sanidad pública y gratuita, de un presupuesto para educación tan necesario como insuficiente, de dotar de la atención que se merecerían nuestros mayores y dependientes, de unas infraestructuras para el siglo XXI, y de tantos y tantos programas que entre todos conforman los Presupuestos Generales de las administraciones públicas. Pero este año se va a dar de bruces con aquellas conductas tan reprochables, que sea dicho, fueron conscientes, deliberadas y dolosas contra el bien público de toda la ciudadanía.
Por eso en esta columna les propongo un dilema, que consiste en sentarnos frente al espejo y -mirándonos a los ojos- formularnos estas dos preguntas: primera, sabiendo que la presión fiscal en España está 3 o 4 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE y que el impuesto sobre el factor trabajo es el que mayor peso recaudatorio tiene (21% en términos PIB de la UE y 19,5% en España) ¿cuánto más IRPF estaría dispuesto a pagar para salvar al menos a una de las 7.291 personas mayores que fallecieron en las residencias de Madrid sin atención hospitalaria por la prohibición de su derivación hospitalaria, en aplicación de aquel “protocolo de la vergüenza”? como ha informado recientemente infoLibre; y la segunda, a pesar del espectáculo al que nos someten aquellos aprovechados de lo público y leyendo aquel titular de La Vanguardia ¿aún con ese riesgo, cuánto más IRPF estaría dispuesto a tributar para evitar que cada 13 minutos fallezca una persona dependiente sin la atención legal que la vigente normativa le reconoce? Podríamos formular más sin duda, pero son suficientes a los efectos que aquí nos interesan. Anote su respuesta y enséñesela a sus familiares queridos, o guárdesela para usted para dentro de unos años.
¿O mejor ir con todas las de la ley a por aquellos espabilados con inspecciones y sanciones ejemplarizantes?
Nos guste o no, esta es la realidad que tenemos. España tiene un tipo medio impositivo del IRPF en relación con el salario medio (en datos de 2022) ciertamente por debajo de los países de nuestro entorno UE, al igual que el tipo máximo aplicable (47% actualmente en España, mientras que aquellos otros se acercan o superan ampliamente el 50%). También son cada vez más los que se declaran insatisfechos con la calidad del servicio público recibido y exploran otras opciones de servicio privado.
De otro lado estaría la percepción que -en principio- tenemos de que las conductas reprobables cometidas por la élite de la política o de las finanzas (los de “cuello blanco”) no reciben el mismo reproche y no son perseguidas de la misma manera que las cometidas por la “gente normal”. Sin embargo, hay evidencias empíricas de que son más quienes entienden que aquellas conductas deben ser consideradas como graves o muy graves y tener las consecuencias administrativas y penales en su justa proporción. Y, posiblemente, por esa razón perceptiva de que no se persiguen como se debiera pueda ser que esté tan arraigada aquella picaresca de la “ingeniería fiscal” para pagar menos, o la economía “sin factura”, o la contratación laboral “precaria”. ¡Total, si otros hacen más y no les pasa nada!
Estudios recientes nos ilustran que 1 de cada 10 manifiesta una clara tendencia a la evasión fiscal y que en ello influye de manera notable la percepción de la corrupción y que la administración no actúa como debiera. Respondámonos frente al espejo si somos uno de ellos.
Quizás deberíamos perseguir primero a aquellos aprovechados y después plantearnos cumplir toda la ciudadanía y subir los impuestos, pero mientras asistiremos a más capítulos del menoscabo del sistema público de bienestar del que tan orgullosos nos predicábamos. Personalmente creo que llegará el día en que este círculo vicioso se aborde, y no tardará mucho dado que existen evidencias de que los países donde los tipos del IRPF son más altos coexisten con un PIB per cápita más alto y tasas de paro más reducidas. Podemos mirar a la UE y comprobarlo.
Hay muy pocas cosas en las que estoy en desacuerdo con el expresidente Zapatero, pero en una sí. Bajar impuestos no es de izquierdas.
Queremos tener servicios públicos como los que ofrecen los países de norte de Europa, pero dedicando un esfuerzo tributario muy inferior. No creo que así salgan las cuentas, al menos no para quienes más los necesitan.
Luis Miguel Jiménez Gómez
Economista
