Durante la inauguración del I Congreso Internacional de Ciberdelincuencia ‘CyberCrime Sevilla 2024’ organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, Gobierno de España y Junta de Andalucía han acercado posturas.
Tanto el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación, Antonio Sanz, han considerado «necesario» e «imprescindible» trabajar desde la colaboración entre administraciones y empresas para avanzar en ciberseguridad ante «el desafío» que supone el aumento de la ciberdelincuencia.
Esas palabras han llegado en el primero de los días que la Fundación Cajasol de la capital hispalense acoge este congreso cuyo objetivo es el de compartir experiencias, debatir sobre el impacto que tienen las amenazas tecnológicas en nuestra vida y adquirir nuevos instrumentos que permitan afrontar los desafíos que supone combatirlas.
El ministro Félix Bolaños ha asegurado que no se trata de un asunto solo de la justicia sino que es «un reto de país» y por eso ha llamado a abordarlo desde la colaboración, «con un gran acuerdo de país donde estén comunidades autónomas, administraciones públicas y también el sector privado», ha señalado el ministro.
«Creo que la ciberseguridad ha de ser una política integral, donde no puede haber colores políticos, lo que tiene que haber es la absoluta convicción de que necesitamos hacer políticas que sean absolutamente eficaces en la prevención de este tipo de delitos», ha subrayado Bolaños.
En este sentido, ha reflexionado sobre el cada vez mayor interés que tienen los ciberdelincuentes por los datos teniendo en cuenta que, hoy en día, administraciones, instituciones, empresas e individuos intercambian información online a gran velocidad.
«Una cantidad cada día mayor de ciberataques, de ciberdelincuentes que intentan acceder a diferente información, y además con métodos cada vez más sofisticados y cada vez más frecuentes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquí presentes conocen bien la complejidad y la fuerza de esos ciberataques que sufren las administraciones, las empresas y también los individuos», ha apuntado el ministro del Gobierno de España.
En el ámbito de la justicia, ha destacado «la mayor transformación digital en décadas de la justicia española» y va de la mano de la ciberseguridad. «Queremos tener los mejores medios de protección y los mejores expertos también que conozcan cuáles son las últimas tendencias de los ciberdelincuentes en estos ataques. Y queremos también gestionar, desde el Centro de Ciberseguridad del Ministerio, esa cooperación que ha de ser imprescindible entre comunidades autónomas, distintas administraciones y también Gobierno España».
Asimismo, ha llamado a la interoperabilidad entre juzgados porque «una fisura en la seguridad informática que se produzca en un juzgado, puede acabar teniendo efectos a cualquier nivel, porque por ahí puede ser la puerta de entrada para que los ciberdelincuentes accedan».
Por último, el ministro también ha hecho referencia a la preocupación de los padres por el acceso a contenido inadecuado de los menores a través de Internet y ha llamado la atención sobre la necesidad de contar con conocimiento para que «desde las administraciones públicas se puedan llevar a cabo políticas eficaces».
Por su parte, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación, Antonio Sanz, también se ha unido a esa llamada a la colaboración, ya que, a su juicio, las administraciones deben ser motor de colaboración para trabajar por la seguridad digital. «Tenemos que trabajar todos juntos. Esto es una batalla conjunta donde todas las administraciones tenemos que ir de la mano. Aquí no hay colores, hay esfuerzo y responsabilidad conjunta», ha apelado.
También ha llamado a la colaboración público-privada para «no solo no perder este tren, sino ser capaces de ser locomotora en esta materia». En este sentido, ha recordado los 70 millones de euros en la puesta en marcha del Centro de Ciberseguridad de Andalucía. Asimismo, ha señalado las actuaciones del Gobierno andaluz para detectar, responder y neutralizar amenazas informáticas.
Así, el consejero ha señalado «la auténtica necesidad» de abrir un debate y abordar «todo lo que significa el impacto de las amenazas tecnológicas» y «los nuevos instrumentos para afrontar los desafríos que supone combatirlas» teniendo en cuenta que «hoy la vida ya es digital».
«Este congreso también aporta un ejercicio de responsabilidad que tiene la sociedad y que, además, y de manera fundamental, tenemos las propias administraciones. Las Administraciones tenemos la obligación de ser motor, de ser impulso de lo que es la política de ciberseguridad, aparte de, lógicamente, ir en vanguardia de todo lo que significa el impulso a la transformación digital», ha subrayado.
Al hilo de esto, ha recordadola creación de la Agencia de Ciberseguridad de Andalucía, en virtud de la nueva Ley de Andalucía Digital, que espera se apruebe «en los próximos meses». «Tenemos que hacer frente a grupos criminales que han hecho de la ciberdelincuencia la más lucrativa de las actividades ilegales, con un volumen de negocio global que se prevé que alcance los 10,5 billones de dólares en el 2025, una cifra muy superior al PIB de muchísimos países», según ha advertido Sanz.
A nivel de Andalucía, según ha detallado, el incremento en ciberdelincuencia ha sido del 42,8% y 80.000 delitos en este ámbito, donde las estafas informáticas se han incrementado casi un 50%.
«Solo en el Centro de Ciberseguridad Andalucía tenemos que hacer frente a casi 8.000 incidentes al año en materia de ciberseguridad dentro de la propia Junta de Andalucía. Eso ofrece la magnitud del trabajo y de la responsabilidad que tenemos por delante.
Por último, ha indicado el impulso que están realizando del clúster de ciberseguridad porque «Andalucía se está convirtiendo en referente, con la instalación de las empresas más importantes, de sus centros de ciberseguridad más importantes».
