Continúan las voces contra la privatización de la sanidad en Andalucía por parte del Gobierno de Moreno Bonilla. Una de las más contundentes sigue siendo Ángeles Férriz, quien ha advertido hoy que el gobierno de Moreno Bonilla tiene un problema social ante las movilizaciones que están llevando a cabo las y los andaluces “cansados” de la situación que se vive en los servicios públicos, especialmente en la sanidad; pero también tiene “ahora un problema judicial” derivado de los contratos de emergencia irregulares denunciados por el PSOE y que investiga un juzgado y la Fiscalía Anticorrupción.
“Hay andaluces que lo están pasando verdaderamente mal y se han dedicado estos años a robar el dinero a los enfermos de nuestra tierra para dárselo a las empresas privadas. El negocio lo hacían con nuestra salud y con nuestra vida”, ha sentenciado en una rueda de prensa en el Parlamento.
Al hilo de ello, la portavoz del Grupo Socialista ha mencionado la petición de debate general en el Parlamento sobre los contratos sanitarios, además de una petición de comparecencia, que se suma a la solicitud de un pleno monográfico que lleva reclamando el PSOE desde mayo de 2023, a las 130 iniciativas presentadas solicitando información y las diversas peticiones de comisión de investigación, “todas tumbadas”. Mientras, “el gobierno de Moreno Bonilla oculta la verdad y miente”, ha advertido.
Sin embargo, tal como ha señalado, “la soberbia y altanería” demostrada hasta el momento por el gobierno del PP ha topado con el hecho de que “ahora el que solicita la información es un juez y la Fiscalía Anticorrupción”, derivando en que los tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ha tenido Moreno Bonilla se encuentran imputados.
Así, ha recordado que la actual consejera, Rocío Hernández, era la responsable cuando se han firmado las ocho adendas con nueve empresas en 2024 de otros tantos contratos irregulares; mientras que la anterior, Catalina García, sigue en el gobierno como nueva responsable de Medio Ambiente.
También llama la atención sobre Jesús Aguirre, a quien ha “acusado directamente de vetar las iniciativas” para aclarar lo ocurrido al ser el actual presidente del Parlamento, pero que también era el responsable de Salud con el primero de los gerentes investigados, que fue posteriormente además su viceconsejero y que, “saltándose las incompatibilidades, regó con 65 millones a la empresa aseguradora que después le contrató”.
La responsable socialista no entiende “los vetos si no hay nada que ocultar” y avisa de que, “si no lo cuentan en el Parlamento, lo tendrán que hacer en el juzgado”, que ya ha pedido las actas del Consejo de Gobierno que modificó los controles sobre la contratación y que han derivado en 19 informes de la Intervención General avisando de irregularidades al no existir el marco legal de la pandemia que los amparara. “Moreno Bonilla conoce el informe provisional de Intervención desde marzo y el definitivo desde julio, por lo que lo ha ocultado”, ha añadido.
En este marco, Férriz ha dejado claro que es “una decisión política” del gobierno de Moreno Bonilla “contratar sin emergencia, fraccionar los contratos, cargarse el sistema público de salud, despedir a 18.000 profesionales o intentar privatizar la Atención Primaria”. “Contratar irregularmente durante años, cuando la Intervención dice que no puedes, es una decisión política que tiene sus consecuencias”, ha dicho, criticando la “doble moral” del PP que lleva a que nadie comparezca ahora para dar explicaciones.
Para la portavoz socialista, “hay falta de transparencia y decencia” porque, mientras “repartían millones sin control a sus amigos de la privada, miles de andaluces estaban desesperados”. “Moreno Bonilla tiene que explicar este escándalo de 1.500 millones dados a la privada de manera irregular. Vamos a llegar hasta el final”, ha sentenciado.
