Ocho personas han sido detenidas por la Guardia Civil por presunta pertenencia a una organización criminal que operaba en las provincias de Jaén, Málaga y Murcia. Se trata de la operación ‘Salaria’, en la que también se están investigando a otras tres personas.
Esta organización se dedicaba a favorecer la inmigración ilegal mediante la comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, coacciones, usurpación de identidad y fraude a la seguridad social.
La Guardia Civil ha informado que con la desarticulación de esta organización criminal, han sido liberadas 15 víctimas que se encontraban retenidas: siete en Jódar, una en Jaén, dos en Cazorla, otras dos en Villacarrillo y tres más en la localidad malagueña de Ronda.
La operación se inició cuando se comprobó que, en un corto espacio de tiempo, se habían abierto más de una veintena de establecimientos de comida rápida en la provincia de Jaén. Estos negocios llamaron la atención de los agentes ya que tenían escasa o nula actividad en los mismos y se comprobó que la mayoría de sus empleados eran pakistanís en situación irregular en España.
La Guardia Civil ha llevado a cabo 19 entradas y registros en inmuebles pertenecientes a la organización, en los domicilios de los principales dirigentes, también en establecimientos de comida rápida y en las viviendas que utilizaban para albergar y controlar a las víctimas en Jaén.
Los investigadores localizaron documentación falsa en los registros utilizada por los trabajadores para evitar posibles inspecciones y falsificar empadronamientos, contratos de alquiler y compraventa de inmuebles falsos.
La organización se encontraba liderada por tres individuos de origen pakistaní, propietarios de las empresas y establecimientos, que dirigían y organizaban el entramado. Otro grupo intermedio se dedicaba a controlar y trasladar a los empleados entre los diferentes establecimientos y viviendas, sirviendo de enlace entre los cabecillas y los empleados. Algunos de ellos desempeñaban la función de testaferros, siendo puestos a su nombre algunos de los establecimientos.
Entre los detenidos e investigados de origen pakistaní, hay un detenido de nacionalidad española, quien presuntamente habría dado cobertura a la organización en relación a la tramitación de expedientes para las regularizaciones de estancias en territorio español.
Los empleados, víctimas de la organización, se encontraban en situación irregular y los detenidos aprovechaban su vulnerabilidad para captarlos con la promesa de conseguirles documentación legal en España. Además, les retenían su documentación personal para dificultar que pudieran moverse libremente. Eran explotados laboralmente, careciendo de contrato y contraprestaciones económicas por su trabajo, y las jornadas laborales excedían todos los límites legales y sin ningún tipo de descanso. Bajo el control de la organización eran alojados en viviendas carentes de las mínimas condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad, e incluso algunos trabajadores vivían en los mismos establecimientos de hostelería en los que trabajaban.
La organización era financiada por el dinero que las víctimas pagaban a cambio de su regularización, a costa de trabajar sin ningún tipo de cobertura legal ni remuneración.
