La Audiencia de Ciudad Real ha vuelto a denegar la solicitud de permiso de salida de Miguel Carcaño, quien se encuentra cumpliendo una condena de 21 años y tres meses de prisión en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha por el asesinato de Marta del Castillo. Este rechazo, que es el 36º intento infructuoso de Carcaño de obtener un permiso de salida, ha sido confirmado tanto por la junta de tratamiento de la prisión como por el juzgado de Vigilancia Penitenciaria, y ahora, por la Audiencia.
El tribunal argumenta que aún pesan sobre Carcaño la «gravedad y peligrosidad de su conducta» y su «falta de reconocimiento de los hechos». Estos factores, que según los magistrados siguen siendo determinantes, impiden que el joven, condenado por uno de los crímenes más mediáticos de España, acceda a este beneficio penitenciario.
El auto, dictado el 28 de octubre de 2024, resuelve un recurso de apelación presentado por la defensa de Carcaño contra la decisión tomada por el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Ciudad Real en julio del pasado año. En esa ocasión, el juzgado ya había rechazado su solicitud, basándose en el informe del Equipo Técnico del centro penitenciario, que destacó la «naturaleza y gravedad de la actividad delictiva», las «circunstancias peculiares» del caso y el riesgo de «quebrantamiento o mal uso del permiso solicitado».
La defensa de Carcaño había argumentado en el recurso que su situación penitenciaria había mejorado y que se había reinsertado parcialmente en la sociedad, pero la Audiencia no ha considerado suficientes estos argumentos para otorgar un permiso de salida, dada la magnitud de los hechos por los que fue condenado y su actitud durante su condena.
Este nuevo rechazo resalta la firme postura de los tribunales respecto a la peligrosidad de Carcaño, quien aún no ha mostrado signos de arrepentimiento por el asesinato de Marta del Castillo, lo que sigue siendo un obstáculo para poder acceder a beneficios penitenciarios.
El caso de Carcaño sigue siendo uno de los más seguidos en el ámbito judicial y social, con la familia de Marta del Castillo y la sociedad en general mostrando un profundo rechazo a cualquier intento de reducción de su condena.
