El Ministerio de Hacienda no permitirá que las grandes corporaciones y multinacionales eludan el pago de impuestos mediante estrategias fiscales agresivas que afectan a las arcas públicas. En su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2025, la Agencia Tributaria (AET) centrará sus esfuerzos en detectar y actuar contra aquellas estructuras de planificación fiscal que buscan reducir la carga tributaria a través de operaciones internacionales complejas.
El plan se enmarca en un contexto de creciente cooperación internacional, impulsada por la imposición del impuesto mínimo global del 15% a las grandes empresas (con ingresos anuales superiores a los 750 millones de euros) que la Unión Europea ha aprobado como parte de una directiva. Este nuevo marco requiere ser implementado por todos los países miembros y supone un desafío organizativo tanto para las autoridades fiscales como para los contribuyentes. La AET ha destacado que las primeras declaraciones relacionadas con este impuesto se presentarán en 2026, aunque las medidas se implementarán durante todo 2025.
Medidas contra la erosión de bases imponibles
Además de las estructuras de planificación fiscal agresiva, la AET se centrará en la erosión de bases imponibles derivada de empresas que trasladan sus beneficios al exterior, donde no se tributan adecuadamente en España. Este fenómeno, muy común en las grandes multinacionales, afecta directamente a la economía española, y la Agencia ha resaltado la necesidad de estrechar la colaboración internacional para hacer frente a estos problemas.
En este sentido, el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), aprobado hace más de una década por la OCDE y el G20, ha sido clave en la implementación de medidas a nivel global para evitar la elusión fiscal. Gracias a la cooperación internacional, se ha reforzado la lucha contra el abuso de los convenios fiscales, la transparencia fiscal y la deducción de gastos financieros, entre otros aspectos.
Preocupación por la falta de recursos
A pesar de los avances en el control de los fraudes fiscales a gran escala, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha expresado su «desconfianza» sobre la efectividad del plan si no se incrementan los recursos y las competencias de los técnicos encargados de investigarlos. Según Gestha, a menudo se sigue centrando la atención en el control de particulares, autónomos y pymes, mientras que los fraudes más sofisticados y complejos quedan sin resolver debido a la falta de personal y medios adecuados.
El sindicato ha pedido al Gobierno que establezca como objetivo prioritario la reducción de la economía sumergida y que permita a los técnicos tener las herramientas necesarias para abordar fraudes más complejos. En este sentido, reclaman que los informes de los fraudes más graves se remitan directamente a la Fiscalía, para que las investigaciones puedan tomar un giro más serio y contundente.
Desafíos para el futuro
La AET, por su parte, reconoce que la implementación del impuesto mínimo global y otras medidas del plan representarán un reto significativo para todos los implicados, pero también una oportunidad para mejorar la recaudación y garantizar una mayor justicia fiscal. Sin embargo, el éxito del plan dependerá de la capacidad del Gobierno y de la Agencia Tributaria para reforzar sus estructuras y dotar de los recursos necesarios a los técnicos fiscales, de modo que puedan hacer frente a las complejidades del fraude fiscal internacional y garantizar la equidad en el sistema tributario.
