El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha dado un paso más en su acercamiento a la ultraderecha con el anuncio de un polémico plan de tratamiento de residuos, en el que se prevé la creación de tres plantas incineradoras y vertederos de emergencia por un total cercano a los 1.000 millones de euros. Esta propuesta ha desatado una tormenta de críticas, tanto por el fondo como por la forma en que se utiliza la tragedia de la DANA de 2022 como excusa para impulsar un negocio millonario.
Carlos Mazón, tras su pacto con Vox, sigue priorizando los intereses empresariales y contaminantes por encima de la salud y el bienestar de los ciudadanos. El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha defendido la instalación de las incineradoras en cada una de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, asegurando que contribuirán a la producción de energía y a la reducción de residuos. Sin embargo, este planteamiento es completamente contradictorio con la necesidad urgente de frenar el modelo de desarrollo basado en la destrucción del medio ambiente que promueve el Ejecutivo de Mazón.
Mientras tanto, la oposición, liderada por el PSPV-PSOE, ha tachado de “deriva negacionista y contaminadora” la política medioambiental del Consell de Mazón. José Muñoz, síndic del PSPV en Les Corts, ha señalado que el Gobierno de Mazón está utilizando la tragedia de la DANA para sacar rédito económico, en lugar de aprender de los errores cometidos y desarrollar soluciones sostenibles para el futuro. “El Consell de Mazón está más preocupado por hacer negocio que por proteger el medio ambiente”, ha declarado Muñoz, recordando que el plan de incineradoras fue descartado por el anterior gobierno del Botànic debido a su alto impacto medioambiental y a la fuerte oposición social.
