Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha advertido este día 6 de enero que la operación militar por parte de Estados Unidos en Venezuela, junto con la captura de Nicolás Maduro, sienta un «precedente terrible y muy peligroso» que se asemeja a «otras invasiones guiadas por la sed de petróleo», y ha asegurado que España no va a «callar ante violaciones» del derecho internacional.
«Tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente laintegridad territorial de un Estado europeo, como es el caso de Dinamarca«, ha manifestado en referencia a Groenlandia durante una comparecencia ante los medios de comunicación desde París después de la cumbre sobre Ucrania con socios internacionales.
Sánchez ha recordado que su Ejecutivo «nunca reconoció el Gobierno de Maduro porque infringió las reglas y su elección fue ilegítima», pero ha juzgado que por ese motivo «tampoco puede reconocer la legitimidad» de una acción militar «a todas luces ilegal».
Asimismo, ha apostado por «reforzar el multilateralismo» —la cooperación y el respeto a unas normas comunes—, que «por desgracia hoy está siendo debilitado» y ha defendido el «peso de las palabras» frente a la «ley del más fuerte». De lo contrario, ha dicho, está en peligro «la prosperidad en el corto, medio y largo plazo» y la estabilidad a nivel global.
«España puede jugar un papel de mediación»
Pedro Sánchez ha asegurado que España «puede jugar un papel de mediación», que sustanciado por «una transición» y en un futuro «en unas elecciones libres» para Venezuela.
Así se ha pronunciado al ser preguntado por Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta chavista por el momento, que recién ha jurado como presidenta de Venezuela. Con referencia a ello, el presidente ha confirmado su intención de mantenerse en contacto tanto con ella como con el líder de la oposición venezolana, Edmundo González. «Que vive, por cierto, en España», ha anotado.
Este día 6 de enero, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han comunicado que han pedido al Ejecutivo de Rodríguez la liberación inmediata de los presos políticos españoles en el país, 14 personas que permanecen detenidas «arbitrariamente» y cuentan con doble nacionalidad.
