Han pasado ya más de doscientos días sin que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya aportado aún el informe clave sobre Alberto González Amador, pareja de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Más de doscientos días han transcurrido desde que dicho documento fuese solicitado por la jueza del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid y resulta fundamental para avanzar en una investigación que sigue estancada más de medio año después, sin plazos concretos ni novedades relevantes.
La Fiscalía Anticorrupción encargó el informe el 27 de junio de 2025 a la unidad dirigida por el teniente coronel Antonio Balas, en el marco de una segunda causa judicial contra el empresario por presunta corrupción en los negocios y administración desleal, separada de la investigación principal por un supuesto fraude fiscal superior a 350.000 euros.
El análisis debía abordar, entre otros aspectos, el notable aumento patrimonial de la empresa Maxwell Cremona entre los años 2020 y 2021. Tanto PSOE como Más Madrid se personaron en la causa como acusación popular, pero con el año 2026 ya iniciado, la UCO sigue sin responder al requerimiento de Anticorrupción.
En noviembre de 2025, la propia UCO reconoció que aún no había iniciado las diligencias, alegando que no fue hasta el 8 de ese mes cuando el juzgado autorizó formalmente su intervención. Esta lentitud contrasta con la rapidez mostrada en otras investigaciones de alto perfil mediático. Pese a las críticas, Balas defendió públicamente el trabajo de su unidad, destacando el esfuerzo de sus agentes y cerrando filas ante los cuestionamientos sobre su actuación. En un discurso interno, recurrió incluso a metáforas épicas para reivindicar la labor de la UCO, subrayando su compromiso con el deber y la cohesión del cuerpo frente a las dificultades.
