El Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno (PP) se enfrenta a una creciente ola de críticas tras conocerse su intención de suprimir ciclos de Formación Profesional (FP), especialmente aquellos dirigidos al alumnado con mayores dificultades.
La medida, que según diversas informaciones se ejecutaría tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, ha sido interpretada por la oposición y la comunidad educativa como un nuevo ataque a la educación pública.
El Ejecutivo autonómico ultima la eliminación de ciclos formativos de grado básico destinados a estudiantes con necesidades educativas especiales, afectando a numerosos institutos de toda Andalucía. La decisión se formalizaría después de los comicios y antes del periodo de matriculación, lo que dejaría sin alternativas a miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
En esta línea, el candidato de Por Andalucía y su entorno político han denunciado que el Gobierno de Moreno pretende “cargarse” la FP pública iniciando recortes en los ciclos más sensibles del sistema. Frente a ello, defienden un modelo completamente público y gratuito que garantice el acceso universal a estos estudios.
Las críticas no se limitan al ámbito político. El sindicato CCOO ya advirtió semanas atrás de un proceso de recorte estructural en la FP pública andaluza, señalando que miles de jóvenes quedan fuera del sistema cada año mientras crece la oferta privada. Según sus datos, más de 30.000 estudiantes no consiguen plaza pública, lo que evidencia una falta de inversión y planificación por parte de la Junta.
Además, denuncias similares se han repetido en distintos puntos de Andalucía. En Málaga, por ejemplo, organizaciones educativas alertaron del cierre de módulos dirigidos a alumnado con diversidad funcional, subrayando que estas decisiones eliminan oportunidades de inserción laboral y profundizan la desigualdad social.
Un modelo que agrava la desigualdad
La supresión de estos ciclos no solo supone una reducción de la oferta educativa, sino que impacta directamente en los sectores más vulnerables. Los ciclos de grado básico cumplen una función clave como vía de acceso al empleo y de integración social para estudiantes con dificultades académicas o personales.
La estrategia del Gobierno andaluz ha sido defendida por el propio PP, que destaca el aumento global de plazas de FP en los últimos años. Sin embargo, esta ampliación convive con el cierre selectivo de programas públicos y el crecimiento del sector privado, lo que, según sus críticos, configura un modelo educativo cada vez más desigual.
Críticas al momento político
Otro de los aspectos más cuestionados es el momento elegido para aplicar estos cambios.
El hecho de que la medida se anuncie o ejecute tras las elecciones autonómicas de 2026 ha sido interpretado por la oposición como una maniobra política para evitar desgaste electoral.
Desde sectores progresistas se acusa directamente al PP andaluz de priorizar criterios económicos y de mercado frente al derecho a la educación, debilitando la FP pública y dejando atrás a quienes más apoyo necesitan.
La política educativa del Gobierno de Juanma Moreno vuelve a situarse en el centro del debate en Andalucía. Mientras el Ejecutivo defiende su gestión global de la FP, cada vez son más las voces que denuncian que los recortes afectan precisamente a los colectivos más vulnerables, poniendo en riesgo la igualdad de oportunidades y el futuro de miles de jóvenes.
