Óscar Medina cuestiona las sanciones por emplear a trabajadores sin contrato ni alta en la Seguridad Social y vincula inmigración y delincuencia en unas declaraciones que han desatado la polémica.
Las declaraciones del alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), han abierto un nuevo frente político en Andalucía. El regidor malagueño ha defendido públicamente a agricultores sancionados por emplear a trabajadores migrantes sin contrato ni alta en la Seguridad Social y ha acusado a la denominada «izquierda radical» de perseguir al sector agrícola.
Las palabras del alcalde se produjeron durante una entrevista radiofónica en la que criticó las actuaciones de la Inspección de Trabajo contra pequeños agricultores y pensionistas que recurren a acuerdos verbales para contratar mano de obra durante las campañas agrícolas.
«Es un contrato verbal entre dos personas»
Durante su intervención, Medina defendió que muchos agricultores de edad avanzada no pueden asumir los costes derivados de una contratación formal para trabajos puntuales como la recogida de tomates o habichuelas.
El alcalde llegó a justificar estos acuerdos informales afirmando que responden a prácticas tradicionales del campo andaluz y sostuvo que no deberían ser consideradas infracciones graves. Según explicó, se trata de pactos voluntarios entre dos personas adultas y no de situaciones que merezcan importantes sanciones económicas.
El regidor puso como ejemplo el caso de pequeños agricultores jubilados con pensiones reducidas que necesitan ayuda para sacar adelante sus cosechas y aseguró que algunos están siendo castigados con multas que, según su versión, pueden alcanzar los 12.000 euros.
La legislación obliga a dar de alta a cualquier trabajador
Las declaraciones del alcalde chocan con la normativa laboral vigente. La legislación española establece que cualquier persona que realice un trabajo por cuenta ajena debe estar dada de alta en la Seguridad Social y contar con las correspondientes garantías laborales, independientemente de la duración del empleo o de la nacionalidad del trabajador.
Las inspecciones laborales en el sector agrario se han intensificado durante los últimos años para combatir la economía sumergida y proteger los derechos de los trabajadores temporeros, un colectivo especialmente vulnerable en numerosas campañas agrícolas.
Dar de alta a un trabajador no solo garantiza el cobro de salarios conforme a la ley, sino también la cobertura frente a accidentes laborales, el acceso a prestaciones sociales y la protección sanitaria.
La inmigración, en el centro del discurso
La parte más controvertida de la intervención llegó cuando el alcalde mezcló su defensa de la contratación irregular con referencias a la inmigración y a distintos episodios delictivos.
Medina cargó contra la «izquierda radical» y sostuvo que existe una doble vara de medir, asegurando que mientras se sanciona a agricultores por contratar sin regularizar a trabajadores, otras conductas delictivas reciben, a su juicio, una respuesta insuficiente por parte de las instituciones.
Diversas organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos llevan años advirtiendo del riesgo de vincular inmigración y delincuencia, al considerar que este tipo de mensajes alimentan prejuicios y estigmatizan a colectivos que, en muchos casos, sostienen sectores económicos fundamentales como la agricultura.
Un debate que va más allá del campo
La polémica vuelve a poner sobre la mesa una realidad conocida desde hace años: la dependencia del sector agrícola español de la mano de obra migrante y la existencia de situaciones de precariedad laboral que sindicatos y organizaciones sociales vienen denunciando de forma reiterada.
Las campañas de inspección buscan precisamente combatir prácticas como el empleo sin contrato, las jornadas no declaradas o la falta de cotización, fenómenos que afectan especialmente a los trabajadores más vulnerables.
Desde posiciones progresistas se recuerda que los derechos laborales no pueden quedar supeditados a la rentabilidad económica ni a la situación administrativa de los trabajadores, y que normalizar la contratación irregular supone abrir la puerta a la precariedad y a la desprotección social.
Una polémica con consecuencias políticas
Las declaraciones de Óscar Medina llegan en un momento en el que la inmigración y las condiciones laborales en el campo ocupan un lugar destacado en el debate político.
Para los colectivos en defensa de los derechos laborales, justificar la contratación de personas sin alta en la Seguridad Social significa aceptar un modelo basado en la economía sumergida y en la pérdida de garantías para quienes realizan los trabajos más duros.
La controversia también vuelve a evidenciar dos formas muy distintas de entender el mercado laboral: una que considera las inspecciones como una herramienta para proteger derechos básicos y otra que las presenta como un obstáculo para la supervivencia de determinadas explotaciones agrícolas.
En cualquier caso, la legislación es clara: trabajar sin contrato y sin alta en la Seguridad Social no constituye una tradición agrícola, sino una situación irregular que la normativa española trata de prevenir para proteger a los trabajadores.
