La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha cargado duramente contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La dirigente socialista considera que las medidas adoptadas por el magistrado son “desmedidas y desproporcionadas” y sostiene que responden más a un “juicio político” que a un procedimiento judicial ordinario.
Las declaraciones de Montero llegan después de que el juez instructor acordara la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y le impusiera medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
Montero denuncia una actuación “desmedida”
A través de sus redes sociales y en declaraciones recogidas por distintos medios, la líder de los socialistas andaluces aseguró que la decisión judicial resulta impropia de un proceso justo.
Según Montero, “es una decisión desmedida y desproporcionada, más propia de un juicio político que de un proceso justo contra una persona inocente”, defendiendo que Begoña Gómez no ha cometido delito alguno y que la presunción de inocencia debe prevalecer durante todo el procedimiento.
La también exministra de Hacienda considera que la investigación judicial ha estado acompañada de una fuerte presión mediática y política dirigida a erosionar la imagen del Gobierno de Pedro Sánchez a través de su entorno familiar.
El Gobierno eleva el tono contra el juez
Las palabras de Montero se enmarcan en una ofensiva política más amplia emprendida por miembros del Ejecutivo y del PSOE contra la actuación del juez Peinado.
Desde La Moncloa se ha denunciado lo que califican como una actuación marcada por la “persecución”, la “obsesión” y la “desproporción”, mientras varios ministros han cuestionado la necesidad de las medidas cautelares adoptadas contra la esposa del presidente del Gobierno.
La controversia ha aumentado especialmente por la argumentación utilizada por el magistrado para justificar la retirada del pasaporte. En su resolución, Peinado llegó a plantear la posibilidad de que los escoltas policiales pudieran facilitar una eventual fuga, una hipótesis que ha provocado una reacción inédita por parte de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
La Policía rechaza las sospechas del magistrado
La Dirección General de la Policía ha emitido un comunicado rechazando las insinuaciones contenidas en el auto judicial.
El cuerpo considera que las referencias a una posible colaboración de los escoltas en una hipotética fuga constituyen una “valoración especulativa” e “injustificada” que cuestiona la profesionalidad de los agentes encargados de la protección institucional.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado además una queja formal al Consejo General del Poder Judicial por unas afirmaciones que, según el Gobierno, dañan la imagen de la Policía Nacional.
Qué investiga el juez Peinado
La apertura de juicio oral supone un nuevo paso en una causa que se prolonga desde hace más de dos años y que ha generado una intensa batalla política y jurídica.
El juez atribuye a Begoña Gómez presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, acusaciones que la defensa rechaza de forma tajante.
La decisión judicial todavía puede verse afectada por recursos pendientes de resolución ante instancias superiores, algunas de las cuales ya han corregido actuaciones anteriores del magistrado durante la instrucción.
Un nuevo frente político
La reacción de María Jesús Montero evidencia hasta qué punto el caso ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en uno de los principales focos de confrontación política en España.
Mientras el Partido Popular y Vox consideran que la apertura de juicio oral confirma la gravedad de las investigaciones, el PSOE sostiene que se está utilizando el procedimiento para desgastar políticamente al Gobierno y a su presidente.
Desde una óptica progresista, las declaraciones de Montero reflejan una preocupación creciente dentro del socialismo por lo que consideran una utilización política de determinadas causas judiciales. La dirigente andaluza insiste en que la presunción de inocencia debe aplicarse a cualquier ciudadano, independientemente de su relevancia pública o de su vinculación con responsables políticos.
Por el momento, el procedimiento judicial continúa abierto y serán los tribunales los que determinen finalmente si las acusaciones contra Begoña Gómez cuentan con base suficiente para desembocar en una eventual condena. Entretanto, la polémica entre el Gobierno y el juez Peinado sigue escalando y amenaza con convertirse en uno de los grandes conflictos políticos e institucionales del año.
