Sanitarios y trabajadores denuncian un “tarifazo” tras la privatización de la gestión del aparcamiento mientras la oposición exige a la Junta de Andalucía que intervenga
La polémica por el nuevo aparcamiento del Hospital Civil de Málaga sigue creciendo. Trabajadores, sindicatos y partidos de la oposición han elevado el tono de sus críticas después de conocerse que algunos profesionales pueden llegar a pagar hasta 2.300 euros anuales simplemente para estacionar su vehículo y acudir a su puesto de trabajo.
La situación ha provocado nuevas concentraciones a las puertas del complejo hospitalario y ha reabierto el debate sobre la gestión de los servicios públicos vinculados a la sanidad andaluza. Los representantes de los trabajadores consideran que el nuevo sistema supone una carga económica injustificable para una plantilla que presta un servicio esencial, mientras que desde la oposición se acusa a la Junta de Andalucía de permitir una “privatización encubierta” de espacios vinculados a la atención sanitaria pública.
Un coste que puede superar los 190 euros al mes
Según las denuncias realizadas por sindicatos y representantes de los trabajadores, la inmensa mayoría de la plantilla no dispone de ninguna bonificación especial para aparcar. Solamente 163 empleados tienen acceso a tarifas reducidas, una cifra mínima para un complejo hospitalario que cuenta con miles de trabajadores.
Los cálculos realizados por las organizaciones sindicales apuntan a que un profesional con turnos rotatorios puede llegar a desembolsar 195 euros mensuales, lo que supone entre 1.000 y más de 2.300 euros al año dependiendo de sus horarios y jornadas laborales.
Los trabajadores denuncian que se trata de un gasto directamente asociado al hecho de acudir a trabajar, algo que consideran impropio de un centro sanitario público.
Del aparcamiento social a una concesión privada
Uno de los aspectos que más indignación ha generado entre la plantilla es la comparación con el modelo anterior.
Hasta el inicio de las obras del nuevo hospital, el estacionamiento estaba gestionado por una entidad vinculada a la integración laboral de personas con discapacidad. Los profesionales podían acceder mediante bonos que suponían alrededor de 0,80 euros al día, mientras que los usuarios pagaban aproximadamente 1,50 euros diarios.
Con la nueva concesión privada, las tarifas se han disparado.
Los sindicatos denuncian incrementos superiores al 600%, pasando de unos 16 euros mensuales a cerca de 100 euros al mes en numerosos casos.
La explotación del aparcamiento forma parte del proyecto vinculado al futuro nuevo hospital de Málaga, una circunstancia que ha incrementado la preocupación entre los trabajadores ante la posibilidad de que estas condiciones se mantengan de forma permanente.
Los profesionales denuncian desigualdad y falta de alternativas
Además del impacto económico, los trabajadores critican el sistema elegido para asignar las plazas con tarifa reducida.
Solo los primeros empleados que acceden cada día al aparcamiento pueden beneficiarse de las bonificaciones, dejando fuera a la inmensa mayoría de la plantilla. Los sindicatos consideran que este modelo perjudica especialmente a quienes realizan guardias, turnos nocturnos o jornadas rotatorias.
La situación se agrava por la escasez de transporte público eficaz para muchos profesionales que se desplazan desde municipios del área metropolitana malagueña.
Según las organizaciones sindicales, las alternativas actuales resultan insuficientes para garantizar una movilidad adecuada a los miles de trabajadores que acceden diariamente al complejo hospitalario.
PSOE y Adelante Andalucía cargan contra Moreno Bonilla
La controversia ha llegado también al terreno político.
El PSOE de Málaga ha reclamado la intervención inmediata de la Junta de Andalucía para paralizar lo que considera un auténtico “hachazo” a trabajadores y usuarios de la sanidad pública. Los socialistas sostienen que “ir al hospital no es un lujo, es una necesidad”, y denuncian que tanto profesionales como pacientes están siendo penalizados económicamente por acceder a un servicio público esencial.
Por su parte, Adelante Andalucía y otras formaciones de izquierdas han criticado que los primeros espacios asociados al futuro hospital nazcan ya bajo fórmulas de gestión privada, advirtiendo del riesgo de mercantilización de servicios básicos.
Los trabajadores anuncian más movilizaciones
Lejos de rebajarse la tensión, los representantes sindicales han advertido que continuarán las protestas mientras no se revise el sistema tarifario.
La Junta de Personal del Hospital Regional ya ha acudido incluso al Defensor del Pueblo Andaluz, solicitando su intervención para analizar si las nuevas condiciones vulneran principios de accesibilidad y equidad dentro del sistema sanitario público.
Los trabajadores consideran que el problema no afecta únicamente a la plantilla, sino también a pacientes, familiares y personas que necesitan acudir diariamente a consultas, tratamientos o ingresos hospitalarios.
Mientras tanto, la polémica continúa creciendo y amenaza con convertirse en uno de los principales focos de conflicto sanitario en Andalucía durante las próximas semanas.
