La financiación estatal aumentará hasta alcanzar el 50% del sistema en 2027, en un contexto marcado por el elevado número de personas pendientes de valoración o prestación en la comunidad
El Gobierno de España destinará 954 millones de euros adicionales a Andalucía entre 2026 y 2027 para reforzar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La medida, aprobada mediante un real decreto-ley, incrementa de forma significativa la aportación estatal y permitirá que el Estado alcance en 2027 el objetivo de financiar el 50% del sistema, tal y como contempla la Ley de Dependencia.
La inyección económica llega en un momento especialmente delicado para la comunidad autónoma. Según los últimos datos disponibles, más de 50.000 andaluces permanecen en listas de espera para acceder a una prestación o recibir una valoración de dependencia, mientras miles de familias denuncian retrasos que se prolongan durante meses e incluso años. Organizaciones sociales y la oposición vienen alertando desde hace tiempo de la situación de saturación que atraviesa el sistema andaluz.
Una financiación histórica
La ampliación de recursos forma parte del nuevo modelo de financiación impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y entrará en vigor el 1 de julio. El incremento afecta al denominado nivel mínimo de financiación, es decir, la cantidad que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido.
En el caso de Andalucía, la comunidad con mayor número de personas beneficiarias del sistema, el incremento supondrá:
- 317,9 millones de euros adicionales en 2026.
- 635,9 millones más durante 2027.
- 954 millones de euros extra entre ambos ejercicios.
Con esta actualización, la financiación estatal destinada a la dependencia en Andalucía superará los 957 millones de euros este año y alcanzará más de 1.275 millones en 2027, cifras que prácticamente duplican la aportación que habría correspondido con el modelo anterior.
Más recursos para los casos de mayor dependencia
El nuevo decreto incrementa especialmente la financiación destinada a las personas con mayor necesidad de atención.
Las cuantías por beneficiario aumentarán:
- Un 128% para los grandes dependientes (Grado III).
- Un 100% para las personas con dependencia severa (Grado II).
- Un 18% para quienes presentan dependencia moderada (Grado I).
El objetivo del Ejecutivo es reforzar la sostenibilidad económica del sistema y facilitar que las comunidades autónomas dispongan de más recursos para agilizar valoraciones, ampliar prestaciones y mejorar la atención domiciliaria y residencial.
Las listas de espera siguen siendo uno de los grandes retos
Pese al aumento de financiación, la situación del sistema de dependencia en Andalucía continúa generando preocupación.
Los últimos datos difundidos por el Imserso reflejan que la comunidad mantiene más de 50.000 personas pendientes de recibir una prestación o de completar el procedimiento administrativo, una cifra que sitúa a Andalucía entre las autonomías con mayor volumen de expedientes en espera. Diversas organizaciones sociales denuncian además que 2.204 personas fallecieron en lo que va de año sin haber llegado a recibir la prestación que tenían solicitada, un dato que ha intensificado el debate sobre la necesidad de reducir los tiempos de tramitación.
La gestión vuelve al centro del debate político
La aprobación de estos nuevos fondos ha reabierto el debate sobre la gestión de la dependencia en Andalucía.
Desde el Gobierno central se defiende que la reforma supone la mayor inversión estatal realizada hasta la fecha en este ámbito y que permitirá avanzar hacia una financiación compartida al 50% con las comunidades autónomas.
Por su parte, desde distintos sectores de la oposición andaluza se reclama que el incremento presupuestario vaya acompañado de medidas de gestión que permitan reducir los retrasos acumulados, reforzar las plantillas encargadas de las valoraciones y acelerar la incorporación efectiva de las personas con derecho reconocido al sistema.
El verdadero impacto de esta financiación extraordinaria dependerá ahora de cómo se traduzca en una mejora de la atención a miles de personas mayores y dependientes que siguen esperando una respuesta administrativa.
