La Corte Suprema de Estados Unidos ha cerrado la puerta a uno de los proyectos más controvertidos impulsados por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. En una decisión adoptada por seis votos contra tres, el alto tribunal declaró incompatible con la Constitución el intento del presidente de eliminar, mediante una orden ejecutiva, el derecho a la ciudadanía por nacimiento, uno de los pilares históricos del orden constitucional estadounidense.
La medida impulsada por Trump pretendía impedir que los hijos de inmigrantes en situación irregular, e incluso de determinados residentes temporales, adquirieran automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en el país. Sin embargo, la mayoría del Supremo recordó que la Decimocuarta Enmienda, aprobada tras la Guerra de Secesión, establece con claridad que toda persona nacida en territorio estadounidense y sometida a su jurisdicción es ciudadana de pleno derecho. Se trata de una interpretación consolidada desde hace más de un siglo, especialmente tras la histórica sentencia de 1898, que convirtió el principio del jus soli en uno de los elementos fundamentales de la identidad jurídica de Estados Unidos.
Solo los magistrados conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch respaldaron la posición de Trump. La resolución supone uno de los mayores frenos judiciales a la política migratoria del presidente y vuelve a recordar un principio básico de cualquier democracia constitucional: los derechos fundamentales no pueden modificarse mediante decretos presidenciales cuando están expresamente protegidos por la Constitución.
El fallo trasciende las fronteras estadounidenses. La ofensiva contra el jus soli forma parte de un debate cada vez más presente en distintas democracias occidentales, impulsado especialmente por fuerzas de extrema derecha. Italia constituye uno de los ejemplos más significativos. Bajo el Gobierno de Giorgia Meloni, el reconocimiento de la ciudadanía para hijos de inmigrantes nacidos o criados en el país ha quedado relegado en favor de políticas mucho más restrictivas, alimentando un debate que enfrenta dos modelos de nación: uno basado en la integración cívica y otro construido sobre criterios identitarios cada vez más excluyentes.
La decisión del Supremo estadounidense adquiere así un significado que trasciende el caso concreto de Trump. No solo protege el derecho de miles de futuros ciudadanos, sino que reafirma la idea de que las constituciones existen precisamente para impedir que las mayorías circunstanciales o los liderazgos populistas puedan redefinir derechos fundamentales al ritmo de las campañas electorales. En un momento en el que el nacionalismo identitario gana espacio en distintos países, el tribunal ha recordado que la fortaleza de un Estado de derecho reside, precisamente, en su capacidad para poner límites incluso a quienes ocupan la presidencia.
