El alcalde, Francisco Bella, ordenó el desalojo del edil José Luis Carrillo después de un enfrentamiento verbal durante un Pleno extraordinario marcado por la polémica de la Zona ORA. La oposición denuncia un «abuso de poder» y habla de una detención «desproporcionada»
El Ayuntamiento de Almonte ha vivido este jueves uno de los episodios de mayor tensión política de los últimos años. El concejal de Almonte 100×100, José Luis Carrillo, fue detenido tras negarse a abandonar el salón de plenos después de que el alcalde, Francisco Bella (Ilusiona), ordenara su expulsión durante una sesión extraordinaria que terminó con el abandono en bloque de todos los grupos de la oposición.
La escena, inédita en la historia reciente del municipio onubense, se produjo en un Pleno convocado para abordar, entre otros asuntos, la controvertida ordenanza de la Zona ORA de Matalascañas, un expediente que ya se encuentra bajo el foco judicial y que ha elevado la confrontación política en las últimas semanas.
Un enfrentamiento que terminó con la intervención policial
La tensión estalló durante el turno de ruegos y preguntas. Según la versión ofrecida por el alcalde, Carrillo le llamó «sinvergüenza», motivo por el que le requirió que abandonara la sesión. Ante la negativa del edil, Bella ordenó a la Policía Local que procediera a su desalojo, lo que obligó a suspender temporalmente el Pleno.
La intervención fue aumentando de intensidad hasta derivar en la detención del concejal, en un operativo en el que participaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, según relataron distintos asistentes a la sesión.
Tras la actuación policial, el resto de grupos de la oposición decidió abandonar el Pleno como muestra de protesta por lo ocurrido, dejando una imagen de fuerte fractura institucional en el Ayuntamiento de Almonte.
La oposición denuncia una actuación «dictatorial»
La respuesta de la oposición fue inmediata. El portavoz de Almonte 100×100, Miguel Ángel Jiménez, calificó la actuación de «absolutamente desproporcionada» y aseguró que su compañero fue tratado «como si fuera un delincuente» simplemente por negarse a aceptar una decisión que considera injusta.
Jiménez sostuvo que Carrillo solicitó un procedimiento de habeas corpus al considerar que la detención se produjo mientras ejercía sus funciones como representante público y denunció que la expulsión se llevó a cabo «sin justificación» y sin respetar, según su versión, las advertencias previas contempladas en el reglamento de funcionamiento de los plenos.
En términos similares se expresó el concejal no adscrito Ernesto Abel Herrera, quien calificó la sesión como «el Pleno de la vergüenza» y acusó al equipo de Gobierno de actuar desde el «abuso de poder» en un momento de especial presión política y judicial.
El contexto: la polémica de la Zona ORA
El incidente no puede entenderse sin el contexto político que vive actualmente Almonte.
El Pleno extraordinario tenía como objetivo debatir nuevamente la ordenanza reguladora de la Zona ORA en Matalascañas, un asunto que lleva meses enfrentando al equipo de Gobierno con la oposición y que actualmente forma parte de una investigación judicial.
Antes incluso del debate, Francisco Bella anunció la retirada de los puntos relativos a la ORA del orden del día tras abrirse la posibilidad de negociar con Vox una salida política al conflicto. La decisión fue interpretada por los grupos de la oposición como un intento de evitar una nueva derrota en la votación.
La controversia se produce apenas unos días después de que agentes de la Guardia Civil acudieran al Ayuntamiento para requerir documentación relacionada con la adjudicación y gestión de la Zona ORA, por orden judicial. Ese procedimiento ha incrementado todavía más la tensión política en el municipio.
Una imagen que agrava la crisis institucional
Más allá del enfrentamiento concreto, la imagen de un concejal siendo desalojado y posteriormente detenido durante la celebración de un Pleno ha generado una fuerte conmoción política.
Los plenos municipales constituyen el principal espacio de representación democrática de los ayuntamientos y, precisamente por ello, cualquier intervención policial sobre un representante público durante el desarrollo de una sesión plenaria tiene una enorme carga institucional.
Mientras el alcalde sostiene que actuó para preservar el orden de la sesión tras un supuesto insulto, la oposición considera que la respuesta fue desproporcionada y que se utilizó la autoridad institucional para acallar a un representante elegido democráticamente.
Un conflicto que puede ir más allá del ámbito político
El incidente podría tener ahora recorrido judicial.
El propio Carrillo fue trasladado para prestar declaración tras solicitar amparo judicial mediante un procedimiento de habeas corpus, mientras distintas formaciones políticas ya estudian posibles acciones legales relacionadas con lo ocurrido durante la sesión.
Lo sucedido vuelve a situar al Ayuntamiento de Almonte en el centro de la actualidad, en un momento especialmente delicado por las investigaciones abiertas sobre la gestión de la Zona ORA y por el creciente clima de confrontación entre el equipo de Gobierno y la oposición.
Sea cual sea el desenlace judicial, las imágenes del Pleno dejan una profunda crisis política e institucional en uno de los municipios más importantes de la provincia de Huelva y reabren el debate sobre los límites de la autoridad en el funcionamiento de las instituciones democráticas.
