Las llamas han forzado la evacuación o el confinamiento de decenas de miles de personas y mantienen en alerta a numerosos municipios. El Gobierno central ha asumido la dirección de la emergencia y ha solicitado medios aéreos a la Unión Europea.
Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila han provocado una de las emergencias más graves registradas este verano en España. La rápida propagación de las llamas, favorecida por las elevadas temperaturas, la sequedad del terreno y las fuertes rachas de viento, ha obligado al Gobierno central a declarar la emergencia de interés nacional.
La medida supone la activación del nivel 3 del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, el máximo previsto, y permite que el Ministerio del Interior asuma la dirección y coordinación de todos los recursos desplegados. La Unidad Militar de Emergencias se encuentra al frente de las operaciones sobre el terreno.
Los tres incendios que permanecían activos en la Comunidad de Madrid —Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y el fuego iniciado en Almorox, en Toledo— terminaron uniéndose durante el viernes en un único gran incendio denominado oficialmente Sierra Oeste.
Según la información facilitada por Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, permanecen evacuados Navas del Rey, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Aldea del Fresno, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Zarzalejo, además del camping de El Escorial. A ellos se suman los desalojos realizados anteriormente en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.
Los balances provisionales publicados durante las últimas horas sitúan en alrededor de 12.000 las hectáreas afectadas en Madrid. En Ávila, el incendio originado en Burgohondo habría superado las 9.000 hectáreas, aunque la superficie definitiva no podrá conocerse hasta que los técnicos consigan perimetrar los distintos frentes.
En el conjunto de las zonas afectadas, más de 60.000 personas han tenido que ser evacuadas o confinadas. Entre los desalojados se encuentran usuarios de residencias de mayores, centros para personas con discapacidad y miles de familias que han abandonado sus viviendas ante el avance del fuego.
El incendio de Burgohondo amenaza el valle del Alberche
La situación también continúa siendo especialmente complicada en la provincia de Ávila. El incendio de Burgohondo se ha extendido por el valle del Alberche y ha obligado a adoptar medidas de protección en municipios como El Tiemblo y Navaluenga.
Una de las principales preocupaciones del operativo es impedir que el fuego procedente de Ávila llegue a unirse con el gran frente de la Sierra Oeste madrileña. La conexión entre ambos incendios ampliaría considerablemente el perímetro y dificultaría aún más las tareas de extinción.
Los trabajos nocturnos han permitido construir líneas de defensa en algunos puntos, pero las autoridades insisten en que los incendios todavía no pueden considerarse controlados. El descenso previsto de las temperaturas, la reducción del viento y el aumento de la humedad podrían abrir durante este sábado una oportunidad para contener su avance.
España ha solicitado la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Grecia e Italia han comprometido el envío de cuatro aviones anfibios para reforzar los medios españoles desplegados en la emergencia.
Una gestión autonómica que deberá ser explicada
La magnitud de la catástrofe también ha abierto un debate sobre la gestión realizada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña solicitó la declaración de emergencia nacional cuando los incendios ya se encontraban, según reconoció su propio Ejecutivo, “fuera de la capacidad de extinción” de los medios autonómicos.
Pedir ayuda al Estado ante una situación de esta gravedad era una decisión necesaria. Sin embargo, resulta legítimo preguntarse si la petición se produjo con suficiente antelación, si todos los recursos disponibles fueron activados desde el primer momento y si la Comunidad estaba preparada para afrontar varios incendios simultáneos en unas condiciones meteorológicas de riesgo extremo.
También ha resultado poco apropiado que, mientras decenas de miles de personas abandonaban sus casas, la presidenta madrileña respondiera a las críticas recurriendo al insulto y participara en un enfrentamiento político con miembros del Gobierno central. Una emergencia de estas dimensiones exige transparencia, coordinación y serenidad institucional, no una batalla partidista a través de las redes sociales.
La declaración de emergencia nacional no puede convertirse en una fórmula para trasladar toda la responsabilidad política al Gobierno de España. La prevención forestal, la preparación de los dispositivos autonómicos y la primera respuesta ante los incendios corresponden a las comunidades autónomas. Cuando la situación esté controlada, el Ejecutivo madrileño deberá ofrecer explicaciones detalladas sobre los medios disponibles, los tiempos de reacción y las decisiones adoptadas.
Recomendaciones a la población
Las autoridades piden evitar cualquier desplazamiento hacia las zonas afectadas y seguir exclusivamente la información difundida por los servicios de emergencias.
En las localidades próximas al incendio se recomienda cerrar puertas y ventanas, apagar los sistemas de aire acondicionado que introduzcan aire exterior y limitar las actividades al aire libre. Las personas con enfermedades respiratorias, alergias o patologías crónicas deben extremar las precauciones ante la presencia de humo y cenizas.
Andalucía mira a Madrid y Ávila mientras combate un nuevo incendio en Córdoba
La emergencia que atraviesan Madrid y Ávila coincide con una situación especialmente delicada para Andalucía, donde el Plan Infoca mantiene activo un importante dispositivo contra el incendio forestal declarado en Cerro Muriano, en la provincia de Córdoba.
El fuego comenzó durante la tarde del viernes 24 de julio después de que ardiera un camión cargado de paja en el kilómetro 256 de la carretera N-432. Las llamas alcanzaron rápidamente la vegetación situada junto a la vía y avanzaron por una zona de elevada densidad forestal, lo que obligó a activar la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca.
La evolución del incendio provocó el desalojo preventivo de 215 personas residentes en las zonas de Villa Sanjurjo y Villa Alicia. El Ayuntamiento de Córdoba habilitó el centro cívico de Cerro Muriano para atender a los vecinos que tuvieron que abandonar sus viviendas.
En el operativo llegaron a participar 145 efectivos, ocho autobombas, tres vehículos pesados de extinción, maquinaria pesada, unidades médicas y meteorológicas y más de una veintena de medios aéreos durante las horas de luz. La carretera N-432 también sufrió cortes y restricciones al tráfico como consecuencia del incendio y de los trabajos de los servicios de emergencia.
Aunque el cambio de dirección del viento y el despliegue realizado evitaron que las llamas alcanzaran el núcleo urbano de Cerro Muriano, el incendio continuaba activo durante la madrugada del sábado. Los equipos terrestres trabajaron durante toda la noche para consolidar el perímetro y frenar posibles reproducciones.
La situación de Córdoba se produce apenas dos semanas después del incendio de Los Gallardos, en Almería, una de las mayores tragedias forestales recientes en Andalucía. Aquel fuego, iniciado el 9 de julio, afectó a los municipios de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín, obligó a evacuar o alejar preventivamente de sus viviendas a cerca de 1.500 personas y dejó 13 víctimas mortales.
El incendio almeriense fue declarado controlado el 13 de julio y se levantaron las medidas extraordinarias de protección de la población. Sin embargo, las últimas informaciones disponibles todavía no lo situaban oficialmente como extinguido. Una vez superada la fase más peligrosa, las administraciones han comenzado a evaluar los daños, impulsar la recuperación ambiental y tramitar la posible declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.
La investigación judicial y el debate político sobre la respuesta ofrecida durante el incendio de Los Gallardos continúan abiertos. Entre las cuestiones que deberán aclararse figuran los tiempos empleados para elevar el nivel de emergencia, el funcionamiento de los sistemas de aviso a la población y la coordinación de los recursos durante las primeras horas.
Los incendios de Madrid, Ávila, Córdoba y Almería muestran que los grandes fuegos forestales ya no pueden entenderse como episodios aislados. La simultaneidad de emergencias, las altas temperaturas, la sequedad del terreno, el viento y la acumulación de combustible vegetal pueden llevar a los dispositivos autonómicos al límite en pocas horas.
Andalucía se encuentra, además, en plena época de peligro alto de incendios forestales. Entre el 1 de junio y el 15 de octubre están prohibidos el uso del fuego, las barbacoas, las quemas agrícolas y forestales y determinadas actividades con vehículos a motor en terrenos forestales y sus áreas de influencia.
La conexión andaluza con la catástrofe que golpea el centro peninsular no es, por tanto, únicamente geográfica o solidaria. Es también una advertencia sobre la necesidad de reforzar la prevención durante todo el año, mantener los montes, mejorar los planes de evacuación y garantizar que los mensajes de emergencia lleguen con rapidez a la población.
