Los dos seísmos de magnitud Mw 4,8 registrados en el área metropolitana han dejado sobre todo daños no estructurales, pero también desalojos y revisiones de inmuebles. La normativa sísmica explica qué se exige a los edificios y el protocolo de emergencias establece cómo decidir si pueden seguir ocupados.
Granada ha tenido que mirar a sus edificios de otra manera después de dos terremotos relevantes en apenas unos días. El primero sacudió el área metropolitana en la madrugada del 15 de agosto, con epicentro en el entorno de Alhendín. El segundo volvió a hacerlo durante la mañana del 18. Los dos alcanzaron una magnitud momento de Mw 4,8, según la revisión del Instituto Geográfico Nacional (IGN), y ambos fueron muy superficiales.
La cuestión ahora ya no es solo por qué tiembla Granada. También hay otra más cercana para quienes viven en la capital y su cinturón metropolitano: ¿hasta qué punto están preparados los edificios para soportar un terremoto y cómo se sabe si una vivienda sigue siendo segura después de una sacudida?
La respuesta exige distinguir entre tres cosas que estos días se han mezclado con facilidad: una grieta no significa necesariamente que exista un daño estructural; que un edificio sea antiguo no permite concluir por sí solo que sea inseguro; y cumplir una normativa sismorresistente tampoco significa que una construcción vaya a permanecer intacta después de un terremoto.
Dos terremotos de Mw 4,8 y una serie que continúa
El IGN sitúa esta actividad en una de las zonas de mayor peligrosidad sísmica de la Península. La serie comenzó el 14 de agosto y afecta principalmente al entorno de Alhendín, Gójar y La Zubia, entre dos y doce kilómetros al sur de Granada capital. En su actualización de las 12:30 UTC del 18 de agosto, el organismo había contabilizado 432 terremotos, la mayoría de magnitud inferior a 2. De ellos, nueve alcanzaban o superaban magnitud 3 y 45 habían sido sentidos por la población.
Los dos movimientos principales alcanzaron una intensidad máxima observada de V-VI en la escala EMS-98 en poblaciones granadinas. El IGN ha documentado fundamentalmente caídas de objetos y daños no estructurales en construcciones de la zona epicentral.
El dato que ayuda a comprender la fuerza con la que se han sentido está bajo tierra, pero también en los acelerógrafos. En la estación de Armilla, situada a unos tres kilómetros de la zona epicentral, los dos terremotos principales registraron aceleraciones máximas próximas al 0,24 g, es decir, aproximadamente un 24 % de la aceleración de la gravedad.
Es una cifra relevante, aunque no puede utilizarse de forma aislada para afirmar que un edificio ha alcanzado o superado su límite de diseño. La normativa calcula la acción sísmica incorporando, además de la aceleración básica del lugar, factores como la importancia de la construcción y las características del terreno.
Qué daños se han encontrado realmente
El balance conocido hasta ahora dibuja una situación muy diferente a la de una catástrofe con colapsos generalizados. Los daños más repetidos han aparecido en cornisas, petos de cubierta, revestimientos, elementos ornamentales, fachadas y otros componentes no estructurales.
Tras el primer terremoto, las solicitudes de inspección se concentraron especialmente en el sur de Granada capital y en municipios como Ogíjares, La Zubia y Armilla. Las primeras evaluaciones municipales hablaban principalmente de daños ligeros en elementos no estructurales y señalaban que no existían indicios de daños estructurales generalizados, aunque sí se estaban examinando con especial atención edificaciones vulnerables o que ya presentaban patologías anteriores.
Solo en Granada capital se atendieron cientos de incidencias durante las primeras horas y el Ayuntamiento recibió posteriormente más de 800 solicitudes de inspección de edificios.
El segundo terremoto obligó a repetir buena parte del trabajo.
El 18 de agosto, el Ayuntamiento de Granada informó de nueve daños considerados de entidad y mantuvo siete calles cortadas por desprendimientos de cascotes y elementos de fachadas. También se cerraron temporalmente los edificios e instalaciones municipales abiertos al público mientras los técnicos realizaban nuevas revisiones.
La situación ha sido más delicada en algunos puntos del área metropolitana. En Las Gabias fueron desalojadas 371 viviendas, con unos 600 vecinos afectados, después de que los servicios técnicos detectaran fisuras en pilares y otros elementos estructurales.
Ese episodio obliga a introducir un matiz importante: que no haya daños estructurales generalizados no significa que no puedan existir problemas estructurales localizados en determinados inmuebles.
También los edificios singulares han pasado por revisión. La Alhambra fue desalojada parcialmente de forma preventiva después de los movimientos del día 18. Las comprobaciones no detectaron daños estructurales significativos, aunque sí afecciones muy localizadas en elementos no estructurales y piezas decorativas.
Entonces, ¿qué edificios de Granada están preparados?
No existe en la información pública difundida durante esta emergencia un inventario que permita dividir los edificios de Granada en dos grupos —“preparados” y “no preparados”— simplemente consultando una fecha o una dirección.
Sí existe, en cambio, una normativa específica de construcción sismorresistente.
La NCSE-02 establece los criterios que deben tenerse en cuenta frente a la acción de un terremoto en el proyecto y construcción de edificios. También afecta a determinadas reformas y rehabilitaciones y considera equivalentes a una nueva construcción aquellas actuaciones que impliquen modificaciones sustanciales de la estructura. Su objetivo no es garantizar que un inmueble salga de un terremoto sin una sola grieta, sino reducir el riesgo para las personas y limitar las consecuencias graves de un movimiento sísmico.
Granada no es una ciudad cualquiera dentro de ese mapa.
La NCSE-02 asigna a Granada capital una aceleración sísmica básica de 0,23 g. En municipios muy próximos a los epicentros de estos días, como Alhendín, Armilla, Las Gabias o Gójar, la cifra fijada en la norma alcanza 0,24 g.
Es decir, el riesgo sísmico no apareció en agosto de 2026: lleva décadas incorporado al cálculo de las construcciones en esta zona.
La norma anterior, NCSE-94, ya establecía obligaciones sismorresistentes antes de que entrara en vigor la regulación de 2002. Por eso tampoco sería correcto establecer una frontera sencilla y afirmar que todos los edificios anteriores a 2002 son vulnerables y todos los posteriores son seguros. La propia NCSE-02 sustituyó expresamente a la normativa de 1994.
La edad importa, pero no explica por sí sola el comportamiento de una construcción.
Importan el sistema estructural, el diseño original, el terreno sobre el que se levanta, la ejecución de la obra, su estado de conservación, las reformas que haya sufrido y la posible existencia de patologías anteriores. La norma, de hecho, establece que la seguridad prevista depende no solo del cálculo y el diseño, sino también de una ejecución y una conservación adecuadas.
Hospitales, emergencias y edificios estratégicos tienen mayores exigencias
La normativa tampoco trata igual a todos los inmuebles.
La NCSE-02 establece una categoría de construcciones de importancia especial. Entre ellas se encuentran hospitales y determinadas instalaciones sanitarias; centros de coordinación para situaciones de desastre; edificios de bomberos, Policía y servicios de emergencia; instalaciones básicas de abastecimiento; determinadas infraestructuras de transporte; monumentos históricos; y grandes espacios destinados a una elevada concentración de personas.
En estas construcciones, el cálculo incorpora un coeficiente de riesgo superior al utilizado para un edificio de importancia normal. La norma fija un valor de 1 para las construcciones normales y de 1,3 para las de importancia especial.
El principio es sencillo: después de un gran terremoto no basta con que las viviendas permanezcan en pie. Hospitales, centros de emergencia, comunicaciones y servicios esenciales deben contar con una protección acorde a su importancia para el funcionamiento de la ciudad.
Cómo se inspecciona un edificio después de un terremoto
La revisión que estos días se está realizando en Granada tampoco consiste únicamente en entrar en una vivienda, observar una grieta y decidir si el edificio es seguro.
El Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía establece un Grupo Técnico de Edificación e Infraestructuras en el que pueden participar técnicos de las entidades locales, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, servicios de bomberos, Diputación y especialistas del Instituto Andaluz de Geofísica.
Su trabajo comienza por delimitar las áreas afectadas y continúa con la inspección y clasificación de los edificios según su estado y peligrosidad. El objetivo es identificar tanto las construcciones dañadas que puedan representar una amenaza para la población como aquellas que puedan considerarse habitables.
El propio plan diferencia entre una evaluación rápida y otra detallada. Primero hay que localizar riesgos, restringir accesos cuando sea necesario y establecer una valoración inicial. Después pueden realizarse análisis más exhaustivos en los inmuebles que generen dudas o presenten daños relevantes.
Eso explica los cordones policiales, cierres de calles, desalojos preventivos y clausuras temporales que se han visto estos días: una grieta o un desprendimiento no conduce automáticamente a declarar inhabitable un edificio, pero puede justificar que se impida el acceso hasta que un técnico determine su alcance.
En Granada, además de Bomberos y los técnicos municipales, se han incorporado profesionales especializados en evaluación de edificios. El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada ha puesto a disposición de las administraciones un grupo formado específicamente para intervenir después de emergencias sísmicas, una estructura profesional surgida a partir de la experiencia del terremoto de Lorca de 2011.
El peligro no siempre está en la estructura
Una de las principales lecciones que dejan estos terremotos está precisamente en aquello que no sostiene el edificio.
Los especialistas del Colegio de Arquitectos Técnicos han destacado la buena respuesta general de las estructuras examinadas inicialmente, pero han llamado la atención sobre cornisas, petos, elementos decorativos y otros componentes exteriores. Son piezas que pueden desprenderse aunque la estructura principal permanezca estable.
Es lo que explica buena parte de las imágenes que han dejado los seísmos: cascotes sobre la calzada, desperfectos en fachadas y vehículos dañados por elementos que han caído desde los edificios.
La experiencia obliga así a revisar una idea bastante extendida. La seguridad sísmica no se reduce a evitar que un edificio se derrumbe. También consiste en impedir que aquello que lo recubre, corona o decora termine convirtiéndose en un peligro para quienes están debajo.
Granada afronta ahora una inspección que va más allá de las grietas
Los dos terremotos de agosto han servido, en la práctica, como una prueba real para miles de construcciones levantadas en una de las zonas sísmicamente más activas de España.
Hasta el momento, la conclusión general es más tranquilizadora que alarmante: el propio IGN señala fundamentalmente daños no estructurales y las autoridades no han informado de daños estructurales graves generalizados. Pero los desalojos en puntos concretos, las incidencias detectadas en determinados inmuebles y la necesidad de mantener revisiones abiertas demuestran también que cada edificio debe analizarse por separado cuando aparecen indicios relevantes.
La pregunta, por tanto, no puede responderse mirando únicamente el año que aparece en el catastro ni contando las grietas de una pared.
Saber si un edificio está realmente preparado para un terremoto exige conocer cómo fue proyectado, qué normativa se aplicó, cómo se ha conservado y, cuando un seísmo ya ha ocurrido, comprobar sobre el terreno qué ha sucedido.
Eso es precisamente lo que Granada está haciendo ahora: pasar de mirar el terremoto en un sismógrafo a mirar sus consecuencias edificio por edificio.
