Los terremotos de Granada han generado ya 27.500 solicitudes de indemnización por daños materiales, con una estimación inicial de 72 millones de euros, mientras el Gobierno tramitará la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para los municipios dañados por la serie sísmica iniciada el 14 de agosto.
Terremotos de Granada con 27.500 reclamaciones registradas
Los daños causados por los terremotos de Granada han elevado ya a 27.500 el número de solicitudes de indemnización recibidas por el Consorcio de Compensación de Seguros. La estimación inicial de los daños materiales asciende a 72 millones de euros, una cifra todavía provisional que irá aumentando conforme se incorporen nuevas reclamaciones.
El Gobierno ha anunciado que tramitará la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para los municipios dañados por la serie sísmica iniciada el 14 de agosto. Esta declaración permitirá articular una respuesta administrativa específica para las localidades afectadas y complementar la actuación del Consorcio de Compensación de Seguros con otras medidas públicas vinculadas a la recuperación de los daños.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, trasladó estos datos en Granada tras reunirse con alcaldes de los municipios más afectados y con representantes vecinales. La magnitud económica del episodio sitúa esta actualización por encima de una simple relación de réplicas sísmicas, ya que el foco pasa a estar en la gestión de los daños, las indemnizaciones y la capacidad de respuesta institucional.
La mayor parte de los expedientes afecta a viviendas
El 95% de los expedientes corresponde a viviendas y comunidades de propietarios. Este dato confirma que el impacto principal de la serie sísmica se concentra en el parque residencial y en los inmuebles de uso habitual, con daños que afectan directamente a propietarios, comunidades vecinales y familias.
La concentración de reclamaciones en viviendas explica también la urgencia de los trabajos de peritación. La tramitación de los expedientes resulta clave para que los afectados puedan conocer el alcance de los daños cubiertos y acceder a las indemnizaciones correspondientes. En este tipo de emergencias, la rapidez de las inspecciones condiciona tanto la reparación material de los inmuebles como la recuperación de la normalidad en los municipios afectados.
El resto de las solicitudes corresponde a otros bienes y actividades, entre ellos comercios, almacenes, oficinas, instalaciones industriales, vehículos y obras civiles. Aunque representan una parte menor del total, estos expedientes también reflejan el impacto económico de la serie sísmica sobre negocios, equipamientos y bienes asegurados.
Las solicitudes podrían alcanzar las 60.000
El Gobierno calcula que el número total de solicitudes podría situarse en torno a 60.000. De confirmarse esa previsión, el volumen actual de reclamaciones quedaría todavía lejos del balance definitivo de la emergencia. La estimación de indemnizaciones también podría superar los 100 millones de euros, frente a los 72 millones contabilizados hasta ahora.
La evolución de las solicitudes será uno de los indicadores principales para medir el alcance real de los daños. El dato de 27.500 reclamaciones ofrece una primera fotografía de la emergencia, pero la previsión oficial apunta a un crecimiento significativo en los próximos días, a medida que más afectados completen sus comunicaciones ante el Consorcio de Compensación de Seguros.
Este escenario obliga a reforzar los medios técnicos y administrativos. El Consorcio ha movilizado ya a 146 peritos especializados para inspeccionar y valorar los daños, con la previsión de elevar esa cifra hasta 250. La asignación de peritos permitirá ordenar las visitas, evaluar los desperfectos y avanzar en la resolución de los expedientes.
Primeros pagos y plazo previsto de indemnizaciones
Las primeras indemnizaciones comenzaron a abonarse este miércoles 26 de agosto en Armilla. Ese inicio de pagos marca el paso de la fase de recepción y valoración de solicitudes a la fase de compensación económica para los afectados.
La previsión comunicada por el Gobierno es que alrededor del 90% de las indemnizaciones pueda abonarse en los próximos tres o cuatro meses. Ese calendario dependerá del ritmo de presentación de nuevas solicitudes, de la complejidad de los daños y de la capacidad del dispositivo pericial para cerrar las valoraciones.
El Consorcio de Compensación de Seguros ha reforzado sus canales de atención telefónica y telemática para facilitar la presentación de reclamaciones. Los asegurados afectados pueden comunicar los daños directamente al Consorcio o a través de sus propias compañías aseguradoras, una vía que también permite canalizar la solicitud de indemnización.
El valor público de esta información está en el seguimiento económico y administrativo de la emergencia. La serie sísmica continúa siendo relevante desde el punto de vista técnico, pero el dato central para los municipios afectados se sitúa ahora en cuántas reclamaciones se tramitan, qué daños quedan reconocidos, cuándo se pagan las indemnizaciones y qué ayudas adicionales se activan tras la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
